Córdoba.- El gerente del Banco Nación sucursal San Juan, Pedro Tito Zurko, fue denunciado por los síndicos de la quiebra de la financiera Cordubensis (CBI), de Córdoba. Según reproduce el diario La Voz, la denuncia pide establecer la responsabilidad de la entidad bancaria por no haber controlado el lavado de dinero y la maniobra del multimillonario vaciamiento de la financiera.

La causa CBI salió a la luz el 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la dudosa muerte de Jorge Suau, por entonces vicepresidente de la firma. Trascendía, al mismo tiempo, la quiebra de una mesa de dinero multimillonaria y el fraude a cientos de ahorristas, investigación que corre, en su mayor parte, en la Justicia federal.

En el marco de la quiebra provincial que tutela el juez Domingo Saúl Silvestre, los síndicos Ricardo Veltruski Heck y Héctor Ruiz presentaron el año pasado un informe general en el que se describieron las maniobras ilícitas que se practicaron en CBI, entre las cuales se indicó con precisión la monetización de unos 716 millones de pesos por la sucursal 1.570, ubicada en San Jerónimo 30.

Las firmas “fantasma” Halabo SA y Jotemi SA, movidas por Miguel Ricardo Vera (imputado y hoy detenido), presentaban a diario cientos de cheques en cuentas de esa sucursal bancaria con exención impositiva, y al día siguiente retiraban varios millones de pesos en billetes, según los síndicos.

Se refiere que esa maniobra irregular se realizó frente a la “vista gorda” de varios ejecutivos, entre ellos el gerente que hoy cumple funciones en San Juan.

En ese banco, no pidieron los estados contables, no se hizo estudio de cliente, no descubrieron que las actividades de las firmas eran inexistentes (limpieza y venta de diarios y revistas) y no aplicaron todas las disposiciones de control para cumplir con los organismos internacionales (Grupo de Acción Financiera Internacional y la Unidad de Información Financiera) en materia de lavado de activos, siempre de acuerdo a la denuncia.

En la presentación, los síndicos sostuvieron que todo este movimiento irregular de dinero se realizó aun después del fallecimiento de Suau y de descubrirse el escándalo de la financiera (en febrero de 2014).

Por todo esto, en la denuncia se indicó que ese obrar fue “omisivo, negligente, complaciente y doloso” por parte de los funcionarios bancarios de la sucursal del BNA.

Al referirse al “vaciamiento económico, financiero y patrimonial de CBI”, Veltruski y Ruiz sostuvieron que la financiera ilegal “movilizó entre 1.500 y 2.000 cheques mensuales y nunca depositó estos valores en cuentas bancarias propias a fin de ‘no dejar rastros’ de su operatoria fraudulenta”.

Además, indicaron que “empleados y funcionarios del BNA tuvieron conocimiento cabal de su accionar doloso”, por lo que adelantaron que se constituirían en querellantes.