La jefa de Adjudicaciones del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), Mirta Cocinero, irá mañana al Cuarto Juzgado de Instrucción a dar explicaciones como sospechosa en la investigación por el fraude millonario con casas del gobierno que los principales miembros del Grupo Agropecuario Provincial le prometieron y le cobraron a 206 familias, sin entregarlas nunca, dijeron fuentes judiciales. Y aunque ni la misma Cocinero ni su jefe, el interventor Vicente Marrelli, optaron por no hacer declaraciones, ayer trascendió que desde la cúpula de ese organismo la funcionaria tiene "todo el respaldo".

La figura que eligió el juez José Atenágoras Vega para que Cocinero declare, es el artículo 97 de la ley para tramitar investigaciones penales en San Juan. Según las fuentes, ese artículo implica que se considera imputado o sospechoso a quien declara, con asistencia de un abogado, pero aún sin pruebas contundentes como para indagarlo. A esa declaración también se la llama informativa o no jurada, porque el citado escucha las pruebas que lo convierten en sospechoso, da su versión y está obligado a responder todas las preguntas que se le formulen, dijeron las fuentes.

¿Qué pruebas jaquean a Cocinero? Los investigadores aseguran que en el voluminoso expediente con más de 150 denuncias de damnificados, hay múltiples referencias a la presencia de Cocinero pero es sobre todo la declaración de uno de los cuatro detenidos por el caso, Marcos Barragán, la que hizo despertar dudas y sospechas sobre la jefa de Adjudicaciones.

Si bien como imputado Barragán no está obligado a decir la verdad, sus dichos deben ser chequeados por el juez. Y en esos dichos del sujeto (ya investigado por un presunto chantaje a Barrick) fue donde aseguró que con el prófugo Carlos Albornoz visitaron varias veces en nombre del Grupo Agropecuario a Cocinero, y que al menos en una ocasión ambos le llevaron 9 sobres con dinero y documentación de la gente para la cual ella les había prometido casas del Plan Federal II, dijeron las fuentes.

En su declaración, Barragán habría dicho que Marrelli conocía al menos de las gestiones del Movimiento. Y hasta habría dado detalles de cómo es la oficina donde Cocinero los recibía. Para aclarar ese punto el juez ordenó a su secretaria, Gladys Capdevilla, realizar una inspección en el edificio público y pidió los videos sobre el ingreso a ese lugar de Barragán y Albornoz, pero desde seguridad les aseguraron que no los tenían: "sólo guardan los de los últimos 10 días", dijeron las fuentes.

Una versión similar con el tema del dinero dio la madre de Barragán, Miryam Quiroga, también detenida igual que Alejandra Dragui (hacía las encuestas a los postulantes) y el publicista Pedro Roldán. Todos los imputados negaron cualquier vinculación al fraude y coincidieron en declararse víctimas del prófugo Albornoz.

¿Cómo reaccionaron en el IPV ante los dichos de Barragán y la citación del juez? Ayer trascendió que la postura en el organismo en no polemizar con las versiones de los imputados; colaborar y acatar todo lo que disponga el juez, incluso dando todas las explicaciones porque no tienen nada que esconder. Es más, ayer hubo un respaldo a la honorabilidad de la funcionaria: "lleva 25 años en el IPV, jamás se prestaría a algo así", dijeron voceros ligados a la cúpula del organismo.

La cita clave de Cocinero es a partir de las 9 en Tribunales. Allí se comenzará a definir su futuro en el resonante proceso. Luego de escucharla el juez debe resolver si la desliga del caso por completo, si le aplica una falta de mérito o mantiene su sospecha y convierte la declaración informativa en una indagatoria por estafa, precisaron las fuentes.