El ministro de Gobierno, Emilio Fernández, dijo ayer que en el Penal de Chimbas hay personal técnico (psicólogos, asistentes sociales, médicos) "para todos los gustos". Y así contradijo a la juez de Ejecución Penal, Margarita Camus, quien en medio de polémicos cruces con el Fiscal General de la Corte de Justicia, Eduardo Quattropani, por los porcentajes de presos con salidas que violan el régimen y el tratamiento que reciben en la cárcel, había dicho que el Poder Ejecutivo no cumplió una intimación de la Corte de Justicia de febrero del año pasado para dotar de mayor personal al servicio penitenciario, ya que sólo contaban con cuatro psicólogos, dos asistentes sociales y algunos médicos para el tratamiento de unos 750 presos.
-¿Eso es cierto? preguntó este diario.
-"Le soy sincero, no lo tengo presente. Eso habría que verlo con el interventor del Penal. Con respecto al número (de profesionales) con precisión no lo tengo ahora, pero hay médicos, psicólogos, asistentes sociales… hay para todos los gustos", aseguró ayer en medio del apuro -dijo- por la preparación de un viaje a Buenos Aires.
La polémica por los presos con beneficios extramuros se había encendido el fin de semana, cuando este diario publicó una estadística de la Fiscalía General de la Corte, en la que se reveló que un 44 por ciento de 217 presos con salidas detectados entre 2007 y 2009, quebrantaban el régimen, y que un alto porcentaje era declarado prófugo por no volver a prisión.
Con esos datos, Quattropani había dicho que la juez Camus y la Corte de Justicia, ponían en la calle a internos que eran un peligro para la sociedad porque les daba lo mismo que no recibieran ningún tratamiento serio y "científico" en la cárcel, y les daban las salidas con el único requisito de haber cumplido el tiempo que la ley estipula para empezar a gozarlas.
Ante esa crítica, la juez Camus trató de "truchas" las estadísticas de la Fiscalía General, aseguró que todos sus fallos estaban fundados y habían sido ratificados por la Corte. Que el fiscal debía haber agotado la vía de sus reclamos llegando a la Nación en lugar de polemizar por los medios. Y hasta dudó de los conocimientos criminológicos de Quattropani, aunque admitió falencias y acusó al Ejecutivo de no acatar la intimación del máximo tribunal provincial.
"Nosotros no queremos intervenir en una polémica sobre estos temas, que son sensibles y complejos. En algunos aspectos tiene razón el fiscal general, aunque manejamos otros números (sobre quebrantamiento del régimen) en otros la Juez de Ejecución, pero la única forma de ir saliendo es metiéndole manos a la obra y es lo que estamos haciendo nosotros, hay que seguir trabajando, lo demás es pura retórica y me parece que no tiende a solucionar los problemas de la estructura social de la provincia", precisó Fernández.
Y enseguida puntualizó qué hace el gobierno, como el nombramiento de 100 penitenciarios nuevos, la construcción de una nueva unidad carcelaria y otras obras, un plan de becas para capacitar a internos laboralmente o para que terminen la escuela o la laborterapia que cumplen dentro de la cárcel. "Nos falta y mucho, pero estamos en el camino correcto", concluyó.