El juez Benedicto Correa (Quinto Juzgado de Instrucción) procesó a un mendocino y tres sanjuaninos por asociación ilícita y estafas reiteradas contra 111 exsoldados (agrupaciones de excombatientes hablan de unos 2.500 perjudicados) a los que, entre agosto de 2017 y agosto de 2018, les cobraron entre $800 y $1.300 (más otras sumas por gastos varios) para acceder a una inexistente pensión mensual vitalicia de la ONU, por haber sido movilizados para la Guerra de Malvinas.

El mendocino Eduardo Blanco Rubio (60 años, múltiples causas abiertas por varios delitos) quedó preso, pues el juez le atribuyó ser el líder de la asociación ilícita y principal mentor y beneficiario de la maniobra: en su casa de Godoy Cruz incautaron $374.000, dijeron fuentes judiciales. Los sanjuaninos que lo secundaron fueron procesados sin prisión preventiva: Agustín Walter Dojorti (57), Oscar Orlando Gómez (56) y Waldino Roberto Miranda (56).

Hubo gente que sacó un préstamo o viajó hasta Río Negro por la ilusión de conseguir una "pensión vitalicia". 

> GRAN ENGAÑO
A simple vista, la propuesta parecía muy creíble. En rigor, exsoldados comprendidos entre las clases 53 a 63 (la 56 y 57 no hicieron el servicio militar) movilizados para el conflicto de Malvinas, podían acceder a la pensión de la ONU. En agosto de 2017 cuando comenzó la convocatoria y se hablaba de un pago mensual de $17.000 para el cual se exigía un pago único de $800, más $50 o $100 en cada reunión por gastos varios: una rifa, combustible, fotocopias y administrativos, como honorarios de abogados en Buenos Aires. Para agosto de 2018, ese pago único subió a $1.300 y también el beneficio de la pensión, $25.000. Entonces, las víctimas eran centenares, pues la novedad circuló de boca en boca, por Facebook y hasta por una radio de amplia difusión local. Y no sólo de San Juan, pues la ilusión hizo caer a gente de otras provincias, como La Rioja y hasta de Río Negro.

Pero entonces surgió la duda. Otras agrupaciones de excombatientes sabían que existía, por ley, un beneficio sólo para aquellos que cruzaron el Atlántico y participaron en la guerra pero no para los soldados que sólo fueron movilizados. Al escarbar un poco más, supieron también que la agrupación "Ex Soldados Unidos", dirigida por Blanco, no tenía personería jurídica. Y que era todo un engaño, pues la ONU no paga pensiones y tampoco hay una ley nacional a favor de esos exsoldados.

Al ser indagados, sólo Blanco se defendió. Dijo que sólo les habló del trámite que hacía, pero centenares de testimonios lo complicaron. El fallo fue apelado.