El juez del Tribunal de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h) revocó la prisión preventiva dictada contra Facundo Martín Torraga (45) y lo excarceló bajo palabra el último viernes, con la condición de que se lo controle con un dispositivo electrónico dual, que involucre a su ex, para que así se sepa si cumple o no con la orden de no acercársele ni tener contacto con ella por ninguna vía, dijeron fuentes judiciales. Su decisión fue criticada en el ámbito de la Fiscalía, donde entienden que la ley procesal no lo permite pues el delito de violación no es excarcelable, y porque de imponerse ese criterio se abriría la puerta a otros sospechosos de violación, como Carlos Cassab y Roberto Galván, sin ir más lejos.

Torraga había sido detenido el pasado 2 de mayo durante el cumpleaños de su madre, luego de que su expareja denunciara que, en agosto de 2019, la había golpeado y violado, precisando que durante esos actos de violencia uno de sus dos hijos se interpuso para evitarlos. Tras la denuncia, el fiscal Eduardo Martínez Yansón lo acusó por abuso sexual con acceso carnal y pidió a la jueza de garantías Verónica Chicón que lo mantuviera preso. Y la juez le dictó un mes de prisión preventiva.

Esa decisión fue apelada por las defensoras de Torraga, María Naveda y María Roldán. Y el juez entendió que correspondía liberarlo, con el argumento de que no es suficiente solo la calificación legal del delito que impide la excarcelación, ya que para mantener el encierro preventivo debían darse otros supuestos que consideró no probados, como el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, indicaron los voceros.

El juez reiteró así un criterio que ya había sostenido en otras votaciones y que incluso tienen un antecedente en la Corte de Justicia con el caso Reche, indicaron. Sin embargo, su resolución no cayó bien en el ámbito de la Fiscalía que recurrirá para que no quede firme, indicaron.

El acusado es hijo del renombrado bodeguero Mario Torraga, quien estiró de manera ilícita sus vinos con alcohol metílico y causó la muerte de 29 personas en 1993, hecho por el que fue condenado a 15 años.