La fiesta de cumpleaños de uno de los dos hermanitos de Juan Uribe (4 años) ya transitaba los últimos tramos en el atardecer del domingo, cuando el festejo se vio empañado por una tragedia. Uno de los niños que jugaban en el predio "Cristobal Fútbol Club", se trepó o manipuló uno de los arcos, con tan poca suerte para el pequeño Juan que esa estructura metálica de unos 60 kg se desbalanceó y le cayó justo sobre la cabeza, dejándolo sin escapatoria. Ensangrentado, lo llevaron a mil al hospital departamental y de ahí lo trasladaron unos 100 km rumbo a la Capital, pero decidieron volverse cuando constataron que ya nada se podía hacer. Ayer, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena (actuó con el ayudante fiscal Adrián Elizondo), acusó formalmente de homicidio culposo (matar sin intención) al administrador de ese predio situado en una esquina de Presidente Roca y Las Heras, en Barreal, Calingasta, el oficial de gendarmería y también profesor de Educación Física Gustavo Alberto Campillay Rodríguez, defendido por Marcelo Fernández y Franco Montes.

Y hoy haría lo mismo contra el exintendente y actual concejal de ese departamento, Adolfo Ibazeta, quien se entregó ayer en Tribunales para ser investigado y también sería liberado.

"El arco estaba desbalanceado, no tenía nada que lo sujete al piso, ni un contrapeso, encima estaba sobre un desnivel. Pesaba unos 60 kg y era un elemento extremadamente peligroso para dejarlo en contacto con menores... se manejaron con grave impericia, negligencia y sin cumplir los deberes a su cargo", dijo el fiscal, además de remarcar que el predio no tenía las habilitaciones correspondientes, que habían vencido en diciembre de 2019.

La Fiscalía sospecha de Campillay e Ibazeta, porque el actual edil es el dueño del terreno y el gendarme es quien lo administra por un alquiler que comenzó en 2018 y se renovó "de palabra". Pero hasta ahora no está claro si ambos se repartían o no los réditos del alquiler de ese predio para eventos y para partidos de fútbol, dijeron fuentes judiciales.

Ayer, Fiscalía pidió 1 año de plazo para investigar a ambos sospechosos. No se opuso a la excarcelación de Campillay pero solicitó que se le inhiba la administración de sus bienes por el daño causado. Pero el juez Diego Sánz no hizo lugar a esa última petición y excarceló al gendarme. Hoy se sabrá qué suerte correrá Ibazeta.