El juez José Atenágoras Vega (Cuarto Juzgado de Instrucción) pidió informes a por lo menos cuatro bancos sobre el movimiento de dinero de un número similar de cuentas bancarias abiertas por al menos un familiar de uno de los cuatro sospechosos detenidos por el supuesto fraude millonario con casas. Según las denuncias (hasta anoche 85 de un total de 206 familias perjudicadas), desde fines del año pasado pagaron entre 7.000 y 15.000 pesos por carpetas de viviendas que el prófugo Carlos Alberto Albornoz, Marcos Barragán y otros les prometían conseguir en cinco barrios, a través de un convenio inexistente del "Movimiento Agropecuario Provincial" que integraban con el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda).

Albornoz es buscado ya en todo el país porque está prófugo. Y Barragán, su madre Miriam Alejandra Quiroga, Pedro Roldán (supuesto promotor del Movimiento) y Alejandra Gradi (acusada de fingir ser encuestadora social del IPV), fueron detenidos por policías de Defraudaciones y Estafas por orden del juez Vega.

También por orden del magistrado se secuestraron cinco vehículos de reciente adquisición, numerosos electrodomésticos y gran cantidad de documentación. Precisamente de estos documentos surgió el dato de las cuentas bancarias, algunas de las cuales están a nombre de un pariente directo de Barragán, dijeron las fuentes.

La información de esas cuentas es clave para establecer cuán importante fue el movimiento de dinero y si las operaciones con esa plata se hicieron antes o durante el cobro por la venta de inexistentes carpetas para tener la casa propia, por parte de ese Movimiento, creado por el prófugo Albornoz, quien se vendía como dirigente político y social para pedir en despachos oficiales y llegar a la gente.

Si el juez establece que el dinero es producto de la estafa podría ordenar el bloqueo de operaciones y hasta el secuestro de esa plata y alguna otra detención precisaron las fuentes.

Ayer, el abogado de Roldán, Javier Cámpora, aseguró en declaraciones radiales que la maniobra no hubiera sido posible sin la "complicidad de funcionarios", pero en la causa hasta el momento no existirían pruebas firmes para sostener esa teoría, no descartada por el juez.