Dolor de cabeza menos para Rosana Andrea Pérez. El 23 de enero de 2023, la jueza de familia, Marisa Valdez, le prohibió ingresar al Penal de Chimbas para poder ver a su marido preso. Pero fue tan poderosa su necesidad de entablar contacto con ese sujeto al que no le permitían ver por problemas violencia doméstica, que apeló al recurso más arriesgado: elaboró un escrito en el que de alguna manera intentaba dar a entender que la magistrada levantaba esa prohibición.

"Me dirijo a ud. para comunicarle que en el día de la fecha, la Sra. Rosana Andrea Pérez firmó el formulario de negatividad de la medida de prohibición de acercamiento, el cual se tramita en el 4° Juzgado. Sin más que agregar saluda ATTE", consta en un papel, con un trazo similar al número 8 como firma, más el nombre de la jueza como aclaratoria.

El 5 de julio del año pasado presentó ese escrito, pero a todas luces resultó tan "trucho y burdo", que ni siquiera pasó el primer filtro de funcionarios y nunca pudo ingresar a la cárcel. Y aunque en principio quedó bajo la lupa por usar un documento falso, la propia torpeza en la elaboración del documento finalmente le jugó a favor, porque Fiscalía consideró que era tan evidente la falsificación, que "carecía de aptitud para provocar un engaño en los funcionarios públicos".

Por esa razón el fiscal coordinador de Delitos Especiales, Iván Grassi, pidió al juez Matías Parrón que sea desligada con un sobreseimiento, pues su maniobra no constituyó delito. Lo hizo luego de citar a teóricos del derecho que abordaron el tema y fallos de jueces que resolvieron casos similares.

Por lo bajo, en Tribunales aseguran que en varias causas parecidas se toma esa salida, para evitar un desgaste innecesario de recursos materiales y humanos por la nimiedad de esos intentos delictivos (en este caso contra la fe pública), que no provocan ningún perjuicio.