Carlos Reiloba, el defensor oficial que tiene el ginecólogo riojano Carlos Martínez en una denuncia por abuso que una paciente realizó en abril de 2013, se opuso a la decisión del juez de Instrucción Pablo Flores de desempolvar ese caso, inactivo desde septiembre de 2014, para cambiar el delito por otro más grave y procesarlo. La razón del nuevo giro del caso fue evidente: evitar la prescripción, pues el abuso simple por el que lo había procesado en 2013 prescribe a los 4 años a contar desde el último acto interruptivo (la citación a indagatoria del profesional) algo que no sucedería con el nuevo delito que le imputó, abuso sexual gravemente ultrajante, que tiene un tope de 10 años como máximo para investigarse y llegar una sentencia sin que la causa muera. La resolución del magistrado ocurrió también en medio de una auditoría que ordenó la Corte de Justicia en su juzgado, el Segundo de Instrucción, a causa de la inactividad en ese expediente.

Ayer, el defensor oficial apeló la resolución del juez Flores, adoptada luego de tomarle una declaración a la denunciante. ¿Qué sostiene Reiloba? básicamente, que el juez no debió indagar a su defendido por un delito más grave porque de los dichos de la denunciante ni de otras pruebas, no se desprendió un hecho nuevo que empeorara la situación procesal del médico. Según el letrado, la mujer dijo elementalmente lo mismo que relató en 2013.

A este argumento, sumó también el principio constitucional "non reformatio in peius" por el cual a un imputado no se le puede agravar su situación ante la ley penal. Ese principio se invoca cuando el Estado, representado por la Fiscalía, se muestra conforme con la decisión del juez (algo que ocurrió en este caso) y solo la defensa reclama para mejorar la posición del acusado. Así ocurrió en esta causa, que la Sala I de la Cámara Penal devolvió en septiembre de 2014 al juez Flores, sin tratarla, pues el defensor de entonces no mantuvo el recurso y esa era una condición necesaria para la opinión del tribunal.

En septiembre de 2014 la Sala I bajó el expediente con el delito de abuso sexual simple confirmado. Pero el caso no se movió desde entonces hasta abril pasado, cuando a Martínez le llovieron denuncias por abuso sexual (sumó 13 por ese delito y una más por estafa) y sobrevoló la idea de prescripción en la causa número 15, la de 2013, que el juez lo reactivó con un nuevo procesamiento. Un tribunal superior deberá resolver ahora si la razón la tiene el juez o la defensa.