En la UFI Delitos Especiales investigan la muerte de una anciana de 79 años que estaba alojada en un geriátrico de Capital luego de que sus hijas denunciaran irregularidades, tanto antes como después del fallecimiento, en el manejo de esa residencia que gira bajo el nombre de "Cielo de París", en el 135 Sur de calle Salta. Por orden judicial, el cadáver de María Carmen Vila fue exhumado y el fiscal que interviene en la causa, Francisco Micheltorena, aguarda el informe de la autopsia y de complejos estudios complementarios anatomopatológicos con los que se busca saber la causa de muerte y, en base a eso, determinar si cabe o no investigar a alguien.
Vila falleció el 19 de este mes. Flavia Seva recuerda que a fines del año pasado su madre, pese a su lucidez, tuvo dos caídas y comenzó a utilizar andador y posteriormente silla de ruedas, pero su estado general era bueno. Desde entonces le pusieron cuidadoras pero en enero, ya de este año, decidieron pasarla a una residencia para un mejor abordaje. A "Cielo de París" ingresó el 6 de octubre luego de pasar por otro geriátrico donde tuvo una mala experiencia. Pero sus hijas nunca imaginaron que en este otro lugar todo iba a ser peor.
La familia contó que la comunicación con el personal del asilo era por un grupo de WhatsApp. Seva mencionó que tuvieron algunos roces por situaciones del día a día, pero siempre en buenos términos. No obstante, la trabajadora social les comunicó que a María Carmen sólo la iban a alojar un mes y que luego debían buscar otro sitio. Para evitar otro trastornante traslado, la familia pidió hablar con los dueños y consiguió mantener la estadía.
Lo cierto es que la anciana se adaptó al lugar y transcurrió sus últimos meses sin sobresaltos. Su hija Flavia dijo que solamente, por problemas intestinales y dificultades para defecar, solían practicarle enemas. Pero que su salud nunca estuvo en riesgo. Es más, contó que el día anterior a la muerte, sacó a su madre para hacer trámites de la obra social y que la llevó a su casa, donde almorzaron y comprobó que no tenía ninguna afección ni hinchazón en el abdomen. Por la tarde María Carmen volvió al asilo y tuvo una sesión con una kinesióloga que dijo a las hijas que la había visto muy lúcida y contenta.
Al día siguiente, por el grupo de WhatsApp desde el geriátrico solicitaron a la familia llevar un medicamento evacuante. Por la mañana su hija Flavia cumplió. “No lo noté extraño porque mi mamá ya había tenido problemas así”, explicó. Cerca de las 14 hubo otro pedido: un psiquiatra, porque la mujer supuestamente tenía ataques de pánico. La familia ahondó en consultas pero respondieron que iba a llamarles la trabajadora social. La próxima novedad, pésima por cierto, fue a las 21, cuando a Seva le llamaron para avisarle que a su madre le costaba respirar y para pedirle que se presentara porque habían llamado a la ambulancia. “A los minutos me llamaron otra vez para pedirme que me apurara porque la ambulancia no se podía ir si no llegaba yo”, rememoró. Cuando arribó, se encontró con la ambulancia en la puerta del asilo y en el interior su madre ya sin vida.
Uno de los puntales de la denuncia tiene que ver con el certificado de defunción, emitido en el geriátrico y con la firma y sello de su dueño, pese a que no estaba presente. En el documento se consigna un paro cardiorrespiratorio como causa de muerte. “Hubo un estado médico previo que derivó en el paro pero no sabemos entremedio qué pasó. Creemos que algo se les fue de las manos y eso es lo que hay que probar con todos los elementos que tenemos hasta ahora. Todo está en manos de la Justicia y esperamos que puedan hacer bien su trabajo. Esto recién empieza y vamos a llegar hasta el final. Hagan lo que hagan para impedirlo, vamos a hacer justicia. Mi familia pide que nadie se calle y que no tengan miedo de hablar porque pudo haber más familias que pasaron por esto”, señaló Seva.
Luego del entierro, que tuvo lugar el día 20 en el cementerio Parque Alborada, a la familia seguía sin cerrarle las circunstancias del caso y al día siguiente hicieron la denuncia. El 23, a pedido del fiscal Micheltorena y por orden del juez Matías Parrón, se exhumó el cadáver para que le practicaran la autopsia en la Morgue Judicial. En paralelo, el geriátrico fue allanado y los pesquisas secuestraron documentación y los registros de las cámaras de seguridad. Según trascendió desde la Justicia, la familia de la víctima apunta contra los dueños de la residencia, mientras que ellos señalan al personal de la ambulancia, de la empresa AME.
“Esto no se hace por venganza, se hace por justicia, por la memoria de mi mamá y para que no le pase a nadie más. No puede ser que los geriátricos sean sinónimo de muerte, no se puede naturalizar el maltrato de los ancianos”, se quejó Seva. También reveló que los dueños nunca se comunicaron luego del fallecimiento. “No fueron capaces de dar la cara”, cerró.