Samuel Astudillo estaba molesto. Ayer, en un cuarto intermedio del juicio que lo tiene como uno de los cuatro acusados de intentar vender por $10.000 a una menor para ser prostituida, en 2012, dijo que otros cuatro presos lo acuchillaron en un ojo (entre otras lesiones), porque en las redes sociales y en los diarios se divulgó "que secuestraba niños para prostituirlos" y lo "trataron de pedófilo" cuando eso, en su opinión, no es así. Astudillo, dos hermanas de la víctima que entonces tenía 14 años, y la expareja de una de ellas, Federico Elías Fernández Santa Lucía (35) son juzgados por segunda vez en el Tribunal Oral Federal, esta vez por los jueces Daniel Doffo, Eliana Ratá y Alberto Carelli. Es así porque la Cámara Nacional de Casación adhirió a un reclamo del fiscal Francisco Maldonado y anuló un primer fallo de agosto de 2015, en el que todos fueron desligados por la presunta trata sexual de esa chica, y solo una hermana de la niña, Yésica Cortese Ortíz (34) fue condenada a 3 años por corromperla sexualmente. Y Fernández Santa Lucía recibió 4 años por acopio y tenencia ilegal de armas y municiones de guerra.

La defensa insistió ayer en la declaración de la víctima, que se realizaría por videollamada.

En la segunda jornada del nuevo juicio, el defensor oficial de Fernández Santa Lucía, Esteban Chervin, con el apoyo de sus colegas subrogantes que asisten a las dos mujeres, Sergio Herrero y Diego Giócoli, planteó el "non bis in idem", es decir que los acusados no podían ser juzgados dos veces por el mismo delito. El reclamo fue rechazado por el fiscal Maldonado, pues entendió que no se configuraba una situación como la que planteaba la defensa. El tribunal le dio la razón.

Los jueces también rechazaron el planteo de Hidalgo para que Maldonado se aparte de intervenir en el caso. El propio fiscal había pedido rechazar ese pedido con el argumento de que su situación (igual que la de todos los fiscales) no es como la de los jueces que no pueden intervenir luego de dar una opinión.

Hidalgo pidió además que su cliente sea excarcelado (el tribunal debe resolver) pues del cómputo de sus días de encierro se desprende que ya venció el plazo de prisión preventiva, pues lleva 3 años y 7 meses preso. En el caso, sin embargo, existe un fallo de un tribunal superior que ya había autorizado extender ese encierro preventivo, dijeron fuentes judiciales.

Había sido la madre de la entonces menor la que denunció su misteriosa desaparición el 7 de noviembre de 2011. El 15 de febrero de 2012, la chica apareció con la versión de que había sido retenida y prostituida y tenían intenciones de venderla.