Un operativo policial de rutina terminó ayer con roces de alto voltaje en el ámbito político. Ocurrió en la tarde en Pocito, cuando el propio jefe de la fuerza, Miguel González, se topó con un auto marca Honda cuya presencia en la zona rural le resultó sospechosa y, por radio, ordenó en el acto a policías del Comando Radioeléctrico interceptarlo para ver quiénes eran. Minutos después el vehículo fue encontrado junto a tres camiones semirremolques cargados con máquinas y electrodomésticos, cuya procedencia no supieron justificar, formalmente, porque no tenían papeles claves para el tráfico, como los remitos y las facturas, dijeron fuentes policiales.
Fue la punta de un ovillo que no tardó en generar polémica en el gobierno: los camiones con la mercadería, el auto Honda y una camioneta Nissan eran del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dirigido por Alicia Kirchner. Y estaban en San Juan entregando máquinas, aparatos o electrodomésticos a gente que usualmente se contacta con esa alta cartera de gobierno para iniciar pequeños emprendimientos laborales. Así, se envían máquinas de coser, hornos pizeros o heladeras, entre otros, según las fuentes.
La polémica y los roces tenían un condimento ineludible: el trabajo político de la Nación en San Juan sin el empleo de la misma fuerza (leáse gobierno de Gioja) en el reparto de esa mercadería y el consecuente aprovechamiento del rédito de la maniobra.
Todo se inició cuando el jefe de policía avistó al Honda en calle Vidart, al Sur de calle 11, en Pocito. Y segundos después los vehículos fueron interceptados en inmediaciones de calle 13 y Aberastain, y trasladados a la Central de Policía.
A partir de allí hubo comunicaciones al juez correccional Eduardo Gil, a la Nación y desde allí a San Juan para aclarar el punto. Al final -según las fuentes- el juez ordenó entregar la mercadería que quedaba (alrededor de un 20%) a través del ministerio de Desarrollo Humano local, a cargo de Daniel Molina, con los intendentes de la zona donde está destinada.