La búsqueda frustrada de partes del cuerpo que hubieran sido claves (como la cabeza o el torso) para determinar si una criatura de unas 25 semanas de gestación nació viva y luego la mataron, llevaron a la juez María Inés Rosselot (Quinto Juzgado de Instrucción) a calificar el delito como un aborto. Y a imputarle a una mujer de 54 años su presunta participación principal en esa práctica delictiva realizada en su propia hija de 16 años, dijeron fuentes judiciales.

Ahora la mujer esperará la resolución de la magistrado en libertad, porque fue excarcelada. Pero su hija fue internada en un instituto de menores donde le realizarán una serie de estudios sobre su comportamiento, que serán fundamentales para resolver sobre su suerte en la investigación.

Todo comenzó el pasado 11 de octubre, cuando en un sector del barrio República del Líbano, en Rawson (el II, monoblock IV) se obstruyó el resumidero de un baño de una vecina por una bolsa de naylon. Cuando la abrieron, descubrieron partes de un brazo con una mano y otros restos de un supuesto feto.

Enseguida, los pesquisas policiales llegaron hasta una mujer de 54 años (con supuestos conocimientos en enfermería) y a su hija de 16 que había estado embarazada. Y ambas quedaron implicadas en la presunta maniobra delictiva.

Pero fue la revelación del médico forense Alejandro Yesurón lo que obligó a un nuevo rastrillaje en las cañerías y cámara sépticas interconectadas de esa parte del barrio, porque el profesional concluyó que el pequeño cuerpo había sido seccionado con un elemento filoso y estimó el tiempo de gestación de la criatura en 25 semanas (unos 6 meses), por lo que cabía la posibilidad de que hubiera nacido vivo (pudo respirar) y hubiera sido asesinado fuera del vientre materno.

Entonces los bomberos volvieron a buscar pero no encontraron otras partes del cuerpo que hubieran sido indicativas para el médico de que la criatura respiró y luego la mataron. Y por eso la juez calificó la maniobra como un aborto, atribuyéndole principal responsabilidad en esa práctica a la madre de la adolescente.

Durante la investigación, ambas se negaron a declarar y como el aborto es un delito excarcelable, la mayor de las implicadas fue excarcelada aunque no desligada del caso. Ahora, la juez debe resolver si debe o no procesar a ambas sospechosas.