El cuerpo de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo antidrogas asesinado por sicarios en Colombia el martes, arribó antes del amanecer de este sábado a Asunción. Fue trasladado en vuelo comercial desde Cartagena de Indias.

El féretro fue recibido por autoridades nacionales en el espigón presidencial del aeropuerto internacional “Silvio Pettirossi” de la capital paraguaya a las 5.10 de la mañana locales y luego llevado hasta el salón velatorio perteneciente a una empresa fúnebre local.

Pecci era un fiscal especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Su esposa, Claudia Aguilera, una periodista de televisión y testigo del crimen en una playa de la península de Barú, en el Caribe colombiano y cerca de Cartagena, había regresado el jueves a la capital paraguaya. Días antes la pareja había comunicado en redes sociales que esperaban su primer bebé.

La pareja disfrutaba de su luna de miel (se casaron el 30 de abril) cuando ocurrió el ataque, que dejó al hombre ensangrentado en plena playa, frente al mar y frente a una gran cantidad de turistas que disfrutaban del calor del lugar.

“Estaba juntando sus pertenencias con su esposa cuando fue emboscado” por los sicarios, indicaron las autoridades de la investigación.

La despedida de Pecci

En forma simbólica, los restos del fiscal -que recibió un impacto de bala en el rostro y dos en el tronco que le provocaron la muerte de forma inmediata- serán sepultados el domingo y velados en la Fiscalía, en el tradicional Colegio San José donde realizó sus estudios y en la sede del club de fútbol Guaraní -de la Primera División paraguaya- en el cual se desempeñó como dirigente.

El viernes, sus compañeros del Ministerio Público, excolegas y amigos organizaron una marcha de repudio por calles céntricas para reclamar justicia y castigo a los autores intelectuales y materiales del sonado crimen.

Pecci, frecuentado por los medios sobre sus causas relacionadas con el narcotráfico y lavado de dinero, trabajaba en la colección de evidencias contra procesados de nacionalidad colombiana, libanesa y brasileña, entre otros.

Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a unos 488.000 dólares por información que permita la captura de los asesinos.