Un exempleado de la estación de servicio Sánchez Huerta ubicada en San Lorenzo y Rawson, Capital, fue condenado ayer por el juez de Garantías, Alberto Caballero, porque tenía y distribuía pornografía infantil que involucraba a menores de 13 años, situación considerada agravante por la ley. El fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Milena Berbari (UFI Anivi) habían pedido 6 años de cárcel. Además, solicitaron que Juan Manuel Fernández sea detenido con prisión preventiva, pero el imputado continuará en libertad (al menos hasta que el fallo quede firme) porque el juez consideró que no se fugará.
El caso había comenzado a investigarse el 5 de julio del año pasado, cuando a la UFI Anivi llegó un informe del Segundo Juzgado de Instrucción sobre la posible vinculación de Fernández a un caso de pornografía infantil. Los archivos que lo complicaban estaban en su teléfono, secuestrado durante la investigación que también lo tiene como sospechoso (igual que otros cuatro sujetos) por el robo de 4,5 millones (en moneda nacional y extranjera) en las oficinas de la estación de servicio Sánchez Huerta. Entre la noche del 29 de mayo y la madrugada del día siguiente del año pasado, un grupo de ladrones entró a ese local, usó un soplete o algo similar para abrir la caja fuerte y huyó como si nada, porque las cámaras tampoco funcionaban. Fernández, esa jornada, cumplía servicio como vendedor de GNC en la playa contigua al lugar asaltado, ubicado en un primer piso.
Tras iniciar la investigación, Fiscalía detectó 14 archivos con material multimedia de abuso y explotación sexual de niños, incluidos algunos menores de 13 años. También se estableció que Fernández había compartido por Whatsapp 5 de esos archivos.
El defensor, Rodrigo Aguirre, pidió declarar la nulidad del caso y la absolución, por entender que el teléfono en el que hallaron los archivos no fue incorporado como prueba al juicio. Asimismo, pidió anular las pruebas derivadas de ese aparato, como las pericias, en las que, además, no participó la defensa, indicó. "Se violaron derechos y garantías constitucionales de mi cliente, no se puede condenar sin objeto del delito (por el teléfono)", disparó Aguirre, quien ahora podrá reclamar ante un tribunal superior.