La fiscal Leticia Ferrón de Rago opinó ayer que el mecánico Federico Fernández Gizzi (56) no debe ser excarcelado, porque su situación como preso no encaja en ninguno de los supuestos que prevé la ley para liberar a un imputado cuando se considera que se vencieron los plazos de prisión preventiva.

Y uno de los impedimentos citados por la fiscal fue la condena de 17 años de cárcel (aún no firme) que le impusieron el pasado 16 de mayo por ser coautor, junto a su hijo Sergio Fernández Santa Lucía (condenado a 14 años) en el crimen del abogado Francisco Sirera (61). El letrado fue ultimado de 13 puntazos con una bayoneta por el menor de los condenados la noche del 19 de mayo de 2014, cuando llegaba a su casa en Capital. La fiscal también citó un fallo de la Corte, que rechazó un planteo similar de otro asesino.

Por ley, todo sospechoso puede pasar hasta dos años con prisión preventiva sin sentencia. Y ese plazo puede prorrogarse un año más, siempre que la causa sea compleja o sean numerosos los delitos atribuidos al imputado. El pasado 19 de mayo, los acusados de matar a Sirera cumplieron 3 años con preventiva, aunque ya con una condena impuesta tres días antes de que se cumpla ese plazo, opinó la fiscal.

En otro caso similar, la Corte de Justicia ya rechazó un pedido de excarcelación.

Había sido el defensor de Fernández Gizzi, Adrián Riveros, quien le pidió a los jueces Ernesto Kerman, José Atenágoras Vega y Juan Carlos Peluc Noguera (Sala II, Cámara Penal) que su cliente sea excarcelado bajo fianza, por considerar que hace rato había vencido el plazo ‘razonable’ de 2 años previsto por la ley para sospechosos sin recibir sentencia, algo que violaba sus garantías constitucionales y también pactos internacionales en favor de los imputados de un delito.

También argumentó que el hecho de que su cliente ya tenga condena no implica que perdiera su estado de inocencia, pues aún no está firme y piensa reclamar ante la Corte. Según fuentes judiciales, además dijo que no existe peligro de que se fugue porque siempre colaboró con la justicia y está radicado en la provincia.
El tribunal ahora debe resolver.