La fiscal de Cámara Marcela Torres se opuso formalmente a que los jueces Silvia Peña Sansó de Ruiz, Juan Carlos Caballero Vidal (h) y Raúl José Iglesias (Sala I, Cámara Penal) les concedan la probation a tres de los cinco acusados de un megafraude millonario con la promesa de casas del IPV que, entre marzo de 2009 y abril de 2010, dejó un tendal de 154 familias damnificadas. Según fuentes judiciales, la fiscal opinó que no corresponde otorgarles ese beneficio (se archiva el caso y al imputado no le queda el antecedente) porque el máximo de la escala de castigos prevista para las estafas reiteradas que les atribuyen supera los 3 años de los que habla la ley. Y sobre todo porque no existe una "vinculación" entre el "exiguo" monto económico ofrecido como reparación del daño y la magnitud del perjuicio patrimonial ocasionado. En opinión de Fiscalía, esa reparación no es "simbólica" y debe demostrar "cierta equivalencia (...) debe procurar brindar una respuesta a las víctimas (...) un desagravio frente al daño causado".

El supuesto cabecilla de esa maniobra, Carlos Alberto Albornoz, ofreció $18.000 en 6 cuotas. Pedro Ignacio Roldán y Alejandra Dragui, $12.000 en 12 cuotas. Y este último ofrecimiento (además de tareas comunitarias, como el resto) realizaron también Marcos Barragán y su madre Miriam Quiroga, quienes pidieron la aplicación de la probation, luego desistieron y pidieron juicio porque también se consideraban víctimas. Y ahora piden otra vez probation. Todo indica que Fiscalía rechazará este planteo.

La oposición fundada de la Fiscalía es vinculante, es decir que obligaría al tribunal a dar marcha atrás con el pedido de probation y realizar el juicio oral y público. Sin embargo esos jueces deberán decidir si los argumentos de la fiscal son o no válidos, pues hay fallos de que procede la probation en delitos con posible pena en suspenso como la estafa.