El oficial que la noche del 9 de febrero pasado dio muerte a un camionero riojano al que le incrustó 6 de unos 20 balazos que le disparó con tres armas durante una alocada persecución de 20 km por la Ruta 510, en Valle Fértil, cosechó ayer un duro revés en su intención de su recuperar su libertad. Su defensor, Martín Zuleta, pedía que el oficial subinspector Ricardo Rodríguez fuese excarcelado por varias razones. A saber: insistió en que sólo cumplió su deber cuando disparó contra el riojano Federico Gastón Orihuela (37), pues ponía en riesgo la vida de terceros al conducir a elevada velocidad y haciendo zig zag por el medio del asfalto en un camión Mercedes Benz 1518, sin documentación en regla. Argumentó que correspondía excarcelarlo, a pesar de que la escala penal del delito "provisorio" que le imputan (homicidio agravado) no permite la libertad. Y porque no existe peligro de que se fugue o entorpezca la investigación.

En todo caso, solicitó que se le conceda la prisión preventiva domiciliaria, para que pueda ir a su casa a cuidar a sus hijos menores (de 4 y 2 años) mientras su esposa sale a trabajar para poder mantener a la familia, pues los ingresos se menguaron notablemente desde que Rodríguez está preso y fue suspendido.

Para el letrado, cabía aplicar en igualdad de condiciones el artículo 10 del Código Penal, que en uno de sus incisos permite la libertad de las madres de niños menores de 5 años o de una persona con discapacidad. En su opinión, no sólo la mujer está a cargo del cuidado de sus hijos.

El fiscal coordinador, Iván Grassi, y el fiscal Francisco Pizarro (UFI de Delitos Especiales) pidieron rechazar el pedido a la jueza del Tribunal de Impugnación, Ana Lía Larrea, por entender que no cabía excarcelar al policía, por la dura escala penal en expectativa y porque puede entorpecer la investigación, ya que la noche del ataque mintió cuando dio a entender que escuchó detonaciones y que el camionero podía llevar armas y drogas, y aún puede influenciar a sus compañeros, dos de ellos testigos directos de todo pues a uno de ellos (el chofer) le sacó el arma para seguir disparando cuando se le acabaron las balas. En el asiento trasero de la patrulla, iba otra policía.

La jueza de Impugnación, Ana Lía Larrea, adhirió al planteo fiscal y rechazó el pedido de la Defensa. Recordó que ella misma aplicó esa morigeración de la prisión preventiva, pero no en casos como este, en el que consideró que el policía aún pueden influenciar y estropear la recolección de pruebas que concreta Fiscalía en la investigación aún no concluida. De todos modos, rebajó la prisión preventiva de 10 meses que tenía Rodríguez y la dejó en 9 meses.