El jefe de Policía, comisario general (RE) Miguel González, denunció que otros 8 agentes de la fuerza fueron nombrados oficialmente policías en marzo del año pasado (la última camada hasta ahora), cuando en realidad nunca debieron ingresar a la institución ya que, entre los requisitos básicos a presentar, incluyeron un certificado analítico del secundario aprobado que era de otra persona, dijeron fuentes de la investigación.

En julio del año pasado, en una conferencia de prensa, el mismo ministro de Gobierno Emilio Fernández había dado a conocer la existencia de un caso confirmado de un joven con destino en Bomberos (presentó como suyo el título de su pareja), y luego la investigación se extendió a otra agente más (aún trabaja en División Tránsito), ambos en la mira de la fiscal María Teresa Ravetti y el juez de Instrucción Agustín Lanciani y también de la policía.

Desde un principio se habló que había unos 12 casos en investigación pero los últimos informes que llegaron a la policía desde el Ministerio de Educación, confirmaron que además de esos 2 sospechosos iniciales había otros 8 casos de agentes que habían presentado a su nombre el título de otro que sí había aprobado el secundario.

De los nuevos casos denunciados en la fiscalía de Instrucción dirigida por Ravetti, sólo se supo que son cuatro hombres y cuatro mujeres. Desde la policía trascendió los nuevos sospechosos siguen trabajando en la institución, por ahora, y que su futuro dependerá de la investigación de la justicia y la interna de la misma policía.

Cuando estalló el escándalo, en la misma fuerza dijeron que las anomalías en los títulos truchos se habían descubierto tras una investigación ordenada por el titular de la fuerza para chequear si era la correcta la documentación presentada por los últimos 284 agentes designados el 30 de marzo de 2010 por expediente 206093/10.

Entonces los cruces de información con el Ministerio de Educación arrojaron que al menos dos de ellos tenían anomalías. Esas irregularidades siguen la misma modalidad en la adulteración: básicamente -explicaron- es la falsificación del encabezado del documento para suplantar el nombre del agente por el de una persona que sí aprobó el secundario.

Con el nuevo impulso que toma el caso, es probable que la investigación se abra a otros frentes para determinar si la maniobra fue obra exclusiva de los agentes sospechados de falsificar documentos para conseguir un trabajo en la fuerza, o si acaso contaron con el apoyo de otras personas, pues se supone que en Educación no dan a cualquiera copias legalizadas del secundario aprobado y sólo lo hacen con los titulares de esa información.