Le cuesta dar precisiones de fechas y otros datos referidos al tiempo, pero en opinión de la fiscal Marcela Torres hubo momentos muy traumáticos que le quedaron marcados a fuego y puede contarlos, aunque sin carga emocional y disociados, como mecanismo defensivo para poder seguir con su vida. Según la fiscal, durante el juicio se probó que esos hechos fueron los continuos ataques sexuales que sufrió esa niña con un retraso mental ("de moderado a leve", según una psicóloga) a manos de su propio padre (pintor de autos, 50 años) entre los 10 y los 17 años. Por eso ayer, al cabo de su alegato, la representante del Ministerio Público pidió una condena de 18 años para ese hombre, por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado y la tentativa del mismo ilícito, ambos agravados por el vínculo.
También le solicitó al juez Víctor Hugo Muñoz Carpino (Sala I, Cámara Penal) que ordene al Ministerio de Desarrollo Humano proporcionarle tratamiento psicológico y, además, que se le brinde a esa joven asistencia médica por un posible cuadro de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual.
El defensor oficial del acusado, Carlos Reiloba, le pidió al magistrado que absolviera a su defendido, porque entendió que durante el juicio quedaron muchas dudas, que no sirvieron para quebrar el estado de inocencia del imputado, un hombre que siempre negó haber atacado sexualmente a su hija.
El hecho había sido denunciado en los primeros minutos del 9 de julio de 2019, justamente tras el último intento de ataque sexual ocurrido el día previo. Según la víctima, ese día fue a ver a su padre para pedirle plata para toallitas, pero el hombre la hizo pasar a su habitación y allí le quitó la ropa e intentó someterla, pero ella escapó y se fue a la casa de una amiga.
Allí contó lo que en cierta forma esa familia conocía. Que no quería volver con su mamá porque tenía problemas con ella y, lo más grave, que su padre abusaba de ella y que, cuando convivía con su madre, la golpeaba a ella y a todos en la casa.
Esa familia la llevó hasta una seccional y desde allí pidieron ayuda a la Dirección de la Niñez a través de la línea telefónica 102. Y fue una empleada de ese organismo la que denunció el hecho.
Para hoy están previstas las últimas palabras del imputado. Luego, el magistrado decidirá si debe o no continuar detenido en la cárcel de Chimbas.