Para el fiscal Fabrizio Médici y el abogado de la familia del fallecido, Juan Marcos Zapata, no hubo dudas: a su entender, las pruebas confirmaron que la tarde del 13 de septiembre de 2011 en una casa abandonada de calle Las Heras en el capitalino barrio Ferroviario (más conocido como Villa La Puñalada) el cabo primero retirado de la Policía, Miguel Angel Castro (55) empuñó un revólver calibre 32 y le dio tres tiros a Alfonso Maximiliano Navas (25): uno en el muslo, otro en el hombro y un tercero y mortal en el pecho, todos del lado izquierdo. Para Médici y Zapata quedó claro que Castro cometió un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuando increpaba a Navas por una moto que le habían robado. Solamente no concordaron en el pedido de pena: Zapata pidió 12 años de cárcel, el fiscal 10 años y 8 meses.
En cambio los defensores de Castro, Juan Bautista Bueno y Ricardo Moine, pidieron la absolución de su cliente ante los jueces Eduardo Gil, Ricardo Alfredo Conte Grand y el subrogante Maximiliano Blejman (Sala III, Cámara Penal). Por el beneficio de la duda, pues el dermotest dio negativo en su cliente y consideraron contradictorios los principales testigos en su contra. O por haber actuado en legítima defensa ya que Castro declaró que aquella tarde, al ingresar a la casa abandonada, fue atacado por Navas con la muleta que usaba por una enfermedad y por otro sujeto armado que le disparó a él pero mató a Navas.
Castro trabajaba como cadete en una farmacia de Salta y Juan Jufré, Capital. Y alrededor de un mes antes del crimen había comprado una Honda Storm 125cc que le robaron. Según el expediente, días después le dijeron que Navas sabía de esa moto pero pedía dinero (se habló de más de 1.000 pesos) para devolverla. Aquella vez, Castro entregó unos $600 pero su moto no apareció. Y por eso fue que esa tarde, alrededor de las 15, llegó a buscar a Navas a su casa y el resultado fue trágico.