Jueves 27 de agosto último, mediodía. Policías de la Brigada Sur llegan a una finca de calle 11, al Este de Mendoza, Pocito. Buscan a un sujeto supuestamente ligado a una banda de asaltantes capturada con armas el día anterior. Luego de revisar el lugar encuentran 15 envoltorios con unos 379 gramos de marihuana. También descubren que el sujeto buscado y a quien le atribuyen esa droga (Mariano Gómez Lanciani, 30 años) es un preso con un régimen de salidas del penal de Chimbas, donde cumple una condena de 8 años y 6 meses por robo agravado. Una situación normal, hasta que en el penal de Chimbas se instala una polémica entre dos jueces por la suspensión o no de las salidas de ese preso: uno ordena dejarlo encerrado; el otro que se haga cumplir el beneficio que tenía, un régimen de semilibertad para trabajar de lunes a viernes (volvía al penal sábados y domingos), al que accedió desde junio pasado por su "conducta ejemplar".
¿Qué hacer? En el Servicio Penitenciario optan por acatar la última orden, la que dio ayer el juez federal Leopoldo Rago Gallo, que investiga a Gómez Lanciani por la tenencia de la droga con presuntos fines comerciales. Según fuentes penitenciarias, el mandato de Rago Gallo llegó con una advertencia: hacer responsable al interventor de la cárcel, comisario general (RE) Enrique Gil Pérez, de no cumplir su decisión.
¿Caso cerrado? Para nada. La orden de Rago Gallo llegó en medio de una situación tensa, porque la juez de Ejecución Penal, Margarita Camus, considera que Gómez Lanciani debe seguir con su régimen de salidas porque "aún goza del principio de inocencia".
"No es una ocurrencia, ni un capricho, ni que a la juez se le antoje ir contra la corriente. Lo único que hace el juzgado de Ejecución Penal es cumplir la Constitución Nacional y varios fallos a favor del principio de inocencia. Y esas normas dicen que un delito no se configura con una denuncia ni la simple sospecha contra una persona, esas normas dicen que habrá delito cuando exista una sentencia condenatoria firme, y eso aún no se produce", dijeron ayer desde el juzgado provincial a cargo del seguimiento de todos los condenados.
No es la primera vez que ambos jueces entran en conflicto por un preso. Fuentes judiciales dijeron que el año pasado ocurrió una situación similar con otro reo que cayó con drogas y al final siguió con sus beneficios porque -dijeron- desde el juzgado federal no recurrieron al árbitro natural para resolver el conflicto de competencia: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por ahora, Gómez Lanciani sigue sin salidas.