Desde el próximo martes y por primera vez en San Juan, un miembro de la comunidad gitana empezará a ser juzgado por el delito de trata de personas (entre otros), por haber participado en algo permitido en las costumbres de esa colectividad pero prohibido por el Código Penal: la compra por $50.000 de una niña gitana, que trajo a San Juan desde Entre Ríos cuando tenía 14 años y -se sospecha- la sometió a distintos tipos de violencia y explotación. Con esa menor, el sospechoso Miguel Ángel Aramayo (29) tuvo dos hijas y participó en la ilícita maniobra de cambiarle el nombre y hacer figurar esos datos falsos en un DNI oficial.
Los delitos que le atribuyen a Aramayo (su padre también estaba acusado pero falleció) fueron denunciados por la madre de la niña el 6 de enero de 2017. La mujer llegó desde Entre Ríos cuando la menor, por entonces de 17 años, se escapó hasta un vecino, que le prestó internet y pudo pedir ayuda, porque hasta entonces no tenía teléfono, era controlada en exceso, castigada y anulada en su rol materno por la familia de su pareja, según la acusación.
En su defensa, Aramayo dijo que la niña siempre tuvo libertad para todo y que el DNI trucho también fue una maniobra perpetrada por ella.
Será la jueza del Tribunal Oral Federal local, Eliana Rattá, quien presidirá las audiencias de ese debate en el que se determinará si el acusado debe o no ser condenado.