El juez José Atenágoras Vega (Sala II, Cámara Penal) decidió, por primera vez, no hacer un juicio oral y público contra un sujeto y su sobrino que llegaron presos, acusados de intentar robar un auto y amenazar a un amigo del dueño de ese vehículo porque los sorprendió y les hizo fotos. En lugar del debate, el magistrado optó por aplicar el inciso 6 del artículo 59 del Código Penal, que permite la extinción de la acción penal, es decir eliminar la persecución del Estado contra los sospechosos de ilícitos. Y así dio lugar a un acuerdo entre víctimas y victimarios de maniobras delictivas, por "conciliación o reparación integral del perjuicio" causado como lo prevé la ley penal. En este caso, los acusados le pagaron $2.000 al dueño del auto y otros $3.000 al hombre que amenazaron, las víctimas aceptaron ese dinero como "reparación integral del perjuicio", y los imputados se fueron a su casa luego de pasar 11 meses detenidos, dijeron fuentes judiciales.

El fallo representó una adhesión al pedido del abogado Leonardo Villalba, defensor de Rubén Augusto Díaz (44) y su sobrino Pablo Emanuel Díaz (34), ya en libertad. "Yo estimo que este instituto debería aplicarse en los delitos contra la propiedad", dijo Villalba, satisfecho con el resultado conseguido.

Dos delitos

Eran alrededor de las 18 del 2 de noviembre del año pasado, cuando Rubén Díaz y su sobrino Pablo pasaban en auto por Saturnino Sarassa al 850 Este, en Trinidad, Capital, y se vieron tentados de sacar provecho de un Chevrolet Corsa estacionado. Sin dudar, Pablo bajó y con una punta intentó abrir la puerta del lado del conductor, pero debió desistir porque justo en ese momento José Ariel Riveros y su compañero de trabajo en la firma Toyota, Esteban Reynoso, pasaban por el lugar y pararon al notar que violentaban el auto de otro compañero, Nelson Omar Mira.

Sacaron fotos con un celular y siguieron, pero esa maniobra preocupó a los Díaz que los siguieron hasta que pararon en un semáforo de Avenida Rawson y allí lo increparon. El menor de los Díaz preguntó por qué sacaban fotos y no se aguantó, se despachó con una amenaza: "Te voy a hacer boleta", le dijo a Riveros.

Lo que siguió fue el aviso al dueño del auto, otro a la Policía y la captura de los sospechosos, que pasaron a quedar tras las rejas acusados de cometer una tentativa de robo simple contra Mira. Pablo Díaz sumó la acusación de amenazas simples contra Riveros.

Ahora, el proceso penal quedó a un paso del archivo, porque el juez José Atenágoras Vega (Sala II, Cámara Penal) resolvió que es de aplicación en San Juan como en todo el país, el inciso 6 del artículo 59 del Código Penal, vigente a nivel nacional desde junio de 2015.

Sin embargo la sentencia no está firme. La Fiscalía se había opuesto a aplicar esa norma, con el argumento de que aún no está reglamentado con una ley específica cómo debe aplicarse en San Juan. Y aún puede pedir que Corte de Justicia revise el fallo.

El antecedente del exjuez

En agosto pasado, los jueces Raúl José Iglesias, Juan Carlos Caballero Vidal (h) y Silvia Peña Sansó de Ruiz (Sala I, Cámara Penal) confirmaron el primer fallo en la provincia sobre la extinción de la acción penal pero durante la investigación de un ilícito, al aceptar la "conciliación" entre la víctima y el autor de un delito, luego de que este último reparara el perjuicio. Y desestimó el argumento de Fiscalía de que no hay reglamentación local, pues entendió que la extinción sí está contemplada en el Código de Procedimiento Penal.

Esa resolución la había tomado el juez en lo Correccional Eduardo Agudo a favor del exjuez federal Luis Armando Balaguer, que en 2015 estuvo un poco más de 40 días preso sospechado de cometer un hurto simple, porque el 2 de setiembre de ese año se llevó sin pagar tres portarretratos de alpaca de un bazar del microcentro.

El exjuez devolvió esos objetos y pidió disculpas, el comerciante dio por "reparado el perjuicio" que había sufrido y Balaguer zafó de un nuevo juicio que hubiera implicado una posible tercera condena: ya tiene una por coima y otra por estafa.