Tras permanecer más de dos meses detenidos, finalmente procesaron a la pareja que estafó a 23 familias con la promesa de adjudicarles una vivienda del IPV. Las maniobras se cometieron entre junio y octubre último y tan bien les salió el engaño que embolsaron alrededor de 230.000 pesos sacando dinero a esas personas que soñaban con tener su casa propia.

Los ahora procesados son María Laura Carrizo (42) y Sergio Daniel Illanes Espinoza (42), quienes están presos desde octubre pasado. El juez Martín Heredia Zaldo les achaca los delitos de estafa reiteradas, en 20 casos, y estafa en grado de tentativa, en 3 hechos. Si bien les corresponde la excarcelación al tratarse de delitos excarcelables, el magistrado del Cuarto Juzgado de Instrucción ordenó un embargo de bienes para ambos de 300.000 pesos y dispuso que la excarcelación se haga efectiva siempre y cuando, cada uno, fije una caución real de 250.000 pesos.

La mujer detenida ya tiene dos causas anteriores por estafas.

Carrizo ya es reincidente, en su haber tiene otras dos causas en trámite por maniobras idénticas. En el caso por el cual fue procesada, supuestamente, tuvo de cómplice a su amigo, Illanes. Según la investigación, ambos se encargaron de propagar la versión de que eran empleados del IPV y adjudicaban viviendas de forma directa en los barrios La Superiora, San Expedito y del Sindicato de Trabajadores del Plástico, entre otros. Esto corrió de boca en boca y fueron muchos los incautos que se contactaron con Carrizo y cayeron en la trampa. La promesa era que, a través de su puesto, podía adjudicarles una casa de forma directa pero para ello debían pagar por gastos de "acceso a la vivienda, medidores o señas por el terreno" y a su vez entregar copias de los DNI y datos del grupo familiar. Así lograron sacar distintas sumas de dinero a los interesados, desde 8.000 a 21.000 pesos. Las víctimas eran citadas en organismo público como en el Centro Cívico, OSSE u otras entidades y de ahí los llevaban a un café. Nunca entregaban documentos alguno ni recibos, todo era de palabra.

Para simular que todo era real, los acusados y otros cómplices llamaban a los interesados y daban diversas excusas para justificar las demoras por la entrega de las carpetas y la casa, y volvían a pedirles los datos como una forma de seguir alimentando el sueño. Con el correr de los meses, el engaño empezó a notarse porque los interesados no tenían ninguna novedad por parte de Illanes y Carrizo. Una de las damnificadas, de apellido Pastén, se hartó y fue al IPV a consultar si era cierto que Carrizo o Illanes trabajaban allí y si estaban adjudicando viviendas en forma directa. Los funcionarios dijeron no conocer a esas personas y negaron cualquier trámite de ese tipo. Fue así que Pastén y otros damnificados hicieron la denuncia en Defraudaciones y Estafas y se abrió la investigación que terminó con la detención de Carrizo e Illanes.

• A la espera

Carrizo e Illanes siguen presos. El juez Heredia Zaldo les concedió la excarcelación. El problema es que, como requisito indispensable, cada uno debe fijar una caución real de 250.000 pesos de garantía. Y como no consiguen ese dinero ni un bien que cubra ese monto, ambos continúan detenidos.