El problema surgió cuando el tribunal que debe juzgar al narco Roberto ‘El Manteca‘ Agüero por tenencia ilegal de arma de guerra, pidió al juzgado que lo investigó, el Cuarto de Instrucción, las armas que complican al sospechoso, es decir las dos pistolas 9 mm que el 15 de agosto de 2009 le secuestraron con 82 cartuchos y la por entonces histórica cantidad de 29,695 kg de marihuana y 2,937 kg de cocaína. Entonces el juzgado hizo extensivo el pedido a la empresa ‘Archivos San Juan‘, apostada en Rawson, a la que había enviado esas y otras armas más (al menos 100 desde mayo del año pasado) con autorización de la Corte de Justicia. Pero en lugar de las armas sólo hallaron dos envoltorios, dijeron fuentes judiciales. Ante la grave anomalía, el juez José Atenágoras Vega (secretaría de Gladys Capdevila) mandó a un empleado a chequear el contenido de esa y otras causas. Y para amarga sorpresa en el juzgado, entonces descubrieron que no sólo eran esas dos pistolas las ausentes: en total, sustrajeron por lo menos 13 armas de puño o cortas. La mayoría son calibre 9 mm, incluidas varias que fueron robadas a policías y luego incautadas a delincuentes, precisaron los voceros judiciales.

‘Denuncié inmediatamente, porque como todo funcionario público que conoce la existencia de un delito, muy grave en este caso, estaba obligado a hacerlo‘, dijo ayer escuetamente el juez José Atenágoras Vega.

Por ahora se habla de que son por lo menos 13 armas, porque aún no termina el chequeo de la información sobre el armamento enviado para custodia desde ese juzgado, y habría otros organismos judiciales que siguieron la misma metodología.

El traslado de los documentos y también el de las armas había sido la alternativa elegida para descomprimir la sobrecarga de expedientes en el juzgado. También se creyó que era la más confiable.

¿Por qué se cree que la sustracción ocurrió en la empresa y no en otro lugar? Los pesquisas judiciales aseguran que las cajas con expedientes y armas salían precintadas desde el juzgado, y que una vez que llegaban a la empresa, los empleados se encargaban de chequear que realmente contuvieran lo que informaba el organismo judicial y cargaban esos datos en soportes informáticos para hacer más ágil su manejo.

Aunque el caso trascendió ayer, la denuncia se concretó el pasado 4 de noviembre y actualmente es investigada en el Segundo Juzgado de Instrucción dirigido por Pablo Flores, quien intentará determinar cómo ocurrió la sustracción y, lo más complicado, tratar de dar con algún sospechoso.