La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ordenó que el actual subdirector del Penal de Chimbas, Eduardo Mendoza, otros 2 subalternos y 2 médicos con rango penitenciario, sean separados de sus funciones mientras se investiga la supuesta agresión que denunció en junio de 2013 Federico Elías Fernández Santa Lucía, un sujeto que cumple allí 2 condenas: una de 4 años por acopio de armas impuesta durante un juicio por la presunta trata sexual de su excuñada, de 14 años. Y otro castigo de 14 años por la corrupción sexual de su hijastro de 5 años, que le aplicaron el 6 de junio de 2014 en la justicia provincial. Este último hecho se desprendió del caso de trata, al final desestimado por un tribunal federal.
Fue el Ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, quien reveló a Radio Sarmiento la decisión del tribunal mendocino: “La Cámara ha requerido que se pase a disponibilidad a las personas que estaban cumpliendo la función en el momento en que Fernández Santa Lucía fuera agredido. Uno es el actual subdirector Eduardo Mendoza, que en 2013 era el jefe de cuerpo”. También hay 2 son médicos implicados, pero en ese caso, Cuevas dijo que recurrirá a la Fiscalía de Estado para pedir que no los remuevan “porque 1.350 internos se quedarían sin asistencia médica”.
Federico Elías es hermano de Sergio e hijo de Federico Fernández Gizzi, con prisión preventiva por matar de 13 cuchillazos el 19 de mayo de 2014 al abogado Francisco Sirera (61) en su casa de Trinidad, Capital.
Los penitenciarios comenzaron a ser investigados cuando Fernández Santa Lucía denunció que el 23 de junio de 2013 fue atacado. Supuestamente esa tarde 3 presos le dieron una paliza y un puntazo que le perforó el pómulo izquierdo con peligro en su sistema neurológico. Aquella vez, su padre dijo que si no presentaba un hábeas corpus su hijo se moría porque en el Penal no lo atendieron como correspondía. Desde el Penal negaron esa versión.
De todos modos, el reo después denunció a todo el personal que estaba de guardia el día de la presunta agresión. Su abogado hizo una nueva presentación en la Cámara de Apelaciones de Mendoza, que incluye un pedido de ampliación de indagatoria. Por eso se ordenó que los 5 involucrados sean separados mientras dure la investigación, informó ayer Oscar Ghilardi, actual director del Penal.