El aberrante homicidio de Cristina Olivares (26 años, madre de dos varones) perpetrado la tarde del 7 de julio de 2012 en Pocito, parece destinado a quedar en la historia criminal sanjuanina como un caso sin precedentes y fuera de lo común. Sin precedentes, entre otras razones, porque nunca antes alguien murió en San Juan al recibir por lo menos 160 cuchillazos, sin poder defenderse. Fuera de lo común, porque ayer, cuando todos esperaban el fallo, el tribunal ‘reabrió el debate’ para ordenar un ‘examen mental obligatorio’ a dos de las acusadas, con la idea de conocer un punto clave: saber si comprenden que cometieron un crimen y pueden dirigir sus acciones o si, por el contrario, son inimputables por algún problema mental y deben o no ser internadas. Esas acusadas son Rosa Videla (supuesta ejecutora del homicidio) y su cuñada Noelia Corvalán.
La decisión de los jueces Juan Carlos Caballero Vidal (h), Raúl José Iglesias y Silvia Peña Sansó (Sala I, Cámara Penal) sorprendió aunque no es inédita (en el mismo tribunal dicen tener un antecedente), causó malestar en el padre de la víctima, Antonio Olivares: ‘Esto es un chiste, es una joda. Dos años y cinco meses (desde el homicidio) y ahora vienen con un examen psicológico, cuando ya hicieron como cinco exámenes‘, dijo, llorando.
¿Pero acaso aún no se sabe si son o no imputables? En ese punto hay una polémica técnica subterránea, que surgió del informe elaborado por la psicóloga de la Secretaría Social de la Corte de Justicia, Silvia Signorato. Esta profesional no dice expresamente en su estudio sobre las acusadas, que comprendan la criminalidad de sus actos y puedan dirigir sus acciones, que es lo que se debió dilucidar cuando quedaron presas igual que Miguel Palma, por entonces marido de Cristina y amante de Rosa. La ley es clara: el examen es ‘obligatorio’ para imputados de delitos graves con penas no menores a 10 años.
Lo curioso es que en toda la investigación, en la instancia de apelación y antes del comienzo del juicio se dio por acreditada la imputabilidad de ambas. Es más, en sus alegatos la fiscalía y el abogado de la familia de la víctima, entendieron que así era y pidieron perpetua para los tres acusados.
La defensa en cambio planteó la cuestión de ese examen cuando se inició el debate, pero sólo el excamarista Félix Manuel Herrero Martín (defiende a Palma) insistió en que ese estudio debía hacerlo un psiquiatra y no un psicólogo. Así se hizo y se concluyó que Palma es imputable.
Recién en los alegatos, el defensor oficial Carlos Reiloba, insistió en que aún no estaba claro si su defendida Rosa Videla es imputable, pues del informe de Signorato -explicó- no se desprende que así sea y tal vez sugiere lo contrario. Por eso pidió su absolución por el beneficio duda.
El tribunal reabrió el debate para finiquitar ese asunto porque entiende que no está claro. Hoy se conocerá el nuevo informe, las partes debatirán sólo sobre ese punto y es probable que haya veredicto.