Finalmente el juez subrogante Eugenio Barbera adhirió con su voto a la decisión que habían adoptado sus pares Ernesto Kerman y Juan Carlos Peluc Noguera (Sala II, Cámara Penal) e hicieron oficial su resolución de que debe pasar al archivo, por prescripción, el polémico caso del supuesto cobro fraudulento de adicionales que involucró a 35 policías en la última etapa del gobierno bloquista con el operativo "Máxima Seguridad" entre octubre y noviembre de 2003, dijeron ayer fuentes judiciales.

Así parece dar por cerrado un caso que se inició con la denuncia del jefe de Policía el 22 de febrero de 2004, cuando pidió investigar una serie de irregularidades que se habían detectado en la confección de planillas en las que, por ejemplo, aparecían efectivos haciendo adicionales en un lugar y a la misma hora adicionales en otro.

Los magistrados entendieron que el plazo para investigar se había vencido con exceso, porque al caso aplicaron una teoría jurídica en la que se considera que cuando existen varios delitos, deben analizarse los plazos por separado para cada uno de esos ilícitos.

En base a este argumento y tomando como referencia el delito más grave (fraude contra la Administración Pública) que tiene un máximo de pena de 6 años, los magistrados evaluaron que desde que ocurrieron los hechos hasta el momento de resolver pasaron al menos 7 años y 6 meses sin que ningún acto legal hubiera interrumpido la vigencia de la acción penal, es decir que no habían ocurrido ninguna de las hipótesis interruptivas: la comisión de otro delito, la indagatoria, la elevación del caso a juicio, la citación a juicio y el fallo.

Los magistrados opinaron también que la otra hipótesis de interrupción, la calidad de funcionarios públicos de los investigados, tampoco se daba porque la ley habla de funcionarios "con jerarquía como para sospechar que con su autoridad o influencia" puedan entorpecer la investigación.

"Téngase presente que en las actuaciones en recurso han transcurrido, desde su iniciación, más de 7 años y todavía no se ha indagado a ninguno de los sospechados. Entonces, urge poner fin a este proceso porque el Estado, en un orden constitucional democrático, no puede ni debe avalar semejante arbitrariedad e ineficacia operativa en cualquiera de sus poderes", dice el juez Ernesto Kerman.