Cuando estaba todo listo para comenzar las audiencias orales por videollamada contra un técnico en electrónica, de 59 años, acusado de abusar y violar de su propia hija desde que tenía 8 o 9 años y hasta los 13, su abogado defensor Nicolás Fiorentino obligó al juez Raúl José Iglesias (Sala I, Cámara Penal) a suspender el inicio del debate. El magistrado tomó este camino para resolver, primero, el planteo del abogado en el que cuestionó por ‘inconstitucional’ el sistema de videollamada para juzgar a su cliente, por la pandemia.

‘Se obstruye el derecho de defensa garantizado por normas de procedimiento y derechos garantizados por tratados internacionales sobre el acceso del imputado a la comunicación con su defensa durante todo el proceso. De esta manera (la videollamada) no es posible tener una comunicación fluida, directa y privada que es necesaria para establecer una estrategia cuando declare un testigo o cualquier otra situación que se presente durante el debate‘, dijo Fiorentino a este diario.

El abogado sostiene que posibilitar esa comunicación entre imputado y defensa, implica estar uno al lado del otro durante el juicio.

Sin embargo la fiscal Marcela Torres ya pidió rechazar ese planteo. Opinó que ese estar lado a lado, como ‘compañeros de banco‘ no está consagrado en ninguna norma. Y que en los numerosos procesos ya desarrollados y concluidos con el sistema de la videollamada no se vulneró el derecho defensa y se respetaron todas las garantías de los imputados, como ocurrirá en este caso, a pesar de las especiales condiciones sanitarias.

Ahora, el juez Iglesias debe resolver si adhiere o no al planteo del defensor. En caso de admitirlo, debería suponerse que el imputado deberá ser trasladado hasta Tribunales. Si no lo hace, fijará una fecha de inicio de juicio y vía remota, el acusado podrá presenciar desde prisión, el desarrollo de ese juicio que lo tiene muy complicado, pues el delito que le atribuyen se castiga con penas que van de los 8 a los 20 años de cárcel.