Que la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea ocurrida el 28 de setiembre de 2004, no fue voluntaria. Que Luis Moyano, Eduardo Oro, Miguel Del Castillo y Luis Alonso (exdirectivos de la mutual del personal de la UNSJ) planearon secuestrarlo y finalmente ejecutaron su ‘desaparición forzada’ para ocultar los manejos fraudulentos de la mutual. Que pretendieron atribuirle ese fraude a la víctima y desviar así la investigación al hacer creer que Tellechea se había ido de la provincia tras ‘confesar’ sus maniobras. Que en ese plan contaron con el apoyo del Estado pues Moyano era entonces funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano. Y también con la complicidad clave del expolicía local Alberto Vicente ‘Lali’ Flores, experto en tareas de seguimiento, vigilancia y aprietes (entonces jefe de seguridad del Club Sportivo Desamparados dirigido por Moyano) quien intimidó a testigos para que dijeran haber visto vivo al ingeniero. Que la aceitada maniobra contó además con la ‘necesaria’ ayuda del empleado universitario Juan Marcelo Cachi (era secretario en el Consejo Superior de la UNSJ) quien adquirió y activó 3 teléfonos celulares usados en la maniobra.
Para el fiscal Francisco Maldonado, otra pieza que prueba la ‘desaparición forzada’ de Tellechea es el supuesto arrepentido Sebastián Cortez Páez (ligado por escuchas a Moyano y Flores) quien le dijo a un hijo de Tellechea que su padre estuvo secuestrado, que murió por falta de insulina y que lo habían enterrado en la zona del dique de Ullum.
Ese explosivo relato de los hechos con el papel de cada imputado surgido de escuchas telefónicas y el análisis de la prueba, fue expuesto por el fiscal Maldonado (es el que sostiene la familia Tellechea) ante el juez federal Leopoldo Rago Gallo cuando le pidió que indague a esos siete sujetos, que no les deje salir del país y los meta presos. Y ayer se supo que el magistrado aceptó indagarlos y no dejarlos salir del país. Según fuentes judiciales, decidió no apresarlos porque cree que no se fugarán.
‘Este mecanismo de impunidad tuvo el apoyo del Estado a través de la coautoría funcional de Luis Moyano, funcionario público, que, a su vez contó con colaboración de fuerzas de seguridad de la provincia y operadores judiciales que no promovieron una investigación seria y eficiente, sino todo lo contrario, que abonaron la hipótesis de la ausencia voluntaria instada desde los coautores’, sostiene el fiscal en su pedido, ahora aceptado.