Ocurría en las siestas, cuando se aquietaba un poco el movimiento en esa casa de las afueras de Jáchal, donde habitaban un montón de parientes. Entonces, ese hombre que ocupaba una habitación separada del resto, se las ingeniaba para que la niña ingresara y descargaba sus perversos instintos. La propia víctima recordó que tenía 5 años cuando comenzó a ser abusada y violada por ese tío de su mamá, que le tapaba la boca para evitar que pidiera ayuda y luego amenazaba con matar a su madre si contaba algo. La escena se repitió hasta que la menor tuvo unos 8 años, pero el silencio siguió siendo la nota dominante en su vida, hasta que no pudo más y, ya con 15 años, un día decidió irse a vivir con su padre. Y allí habló. Le contó todo a la esposa de su papá, le dijo que ya le había contado a su madre pero que ella le pidió no decir nada por miedo a que los echaran porque no tenían dónde ir. Esa mujer la animó a decirle todo a su papá y el 20 de diciembre de 2020, tanto él como la madre de la chica denunciaron el caso en un tribunal de Jáchal.

Y el sospechoso fue detenido (luego le dieron prisión domiciliaria por su edad) y quedó procesado con prisión preventiva por esos abusos, que se calificaron como accesos carnales con el agravante del vínculo sanguíneo con la menor.

En su defensa, siempre negó haber atacado a esa niña y su principal argumento fue que no era posible concretar semejantes agresiones en una vivienda donde había muchas personas.

Sin embargo los psicólogos que lo entrevistaron detectaron en su personalidad cierta tendencia a transgredir normas sociales y, lo más grave, lo calificaron como alguien "peligroso" por sus inclinaciones pedófilas, es decir por decidirse a descargar su libido con los niños.

El relato de la menor, la evaluación de sus dichos por parte de los psicólogos y el informe de la propia personalidad del imputado se convirtieron en pruebas de bastante peso contra ese hombre ya jubilado, que al llegar a juicio en la Sala I de la Cámara Penal decidió evitar el desgaste de un juicio común. Y a cambio de una rebaja de pena, acordó un juicio abreviado con la fiscal Silvina Gerarduzzi a través de su defensora Ailén Juri.

En ese acuerdo, que ratificó ante el juez Martín Heredia Zaldo, admitió la existencia de los delitos sexuales que perpetró contra su pequeña pariente y aceptó 8 años de cárcel, castigo que finalmente le impuso el magistrado.