“Macro Metal”, ubicado en Benavídez 1138 Oeste, Capital, fue ayer escenario de uno de los 200 allanamientos que se realizaron en el país como parte de una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por asociación ilícita y evasión fiscal.
Los allanamientos fueron realizados por 650 agentes de AFIP y Gendarmería y fueron ordenados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1 de San Isidro que dirige Sandra Arroyo Salgado. La magistrada investiga si existe “una asociación ilícita que operó y proporcionó a miles de contribuyentes, distintos mecanismos legales para evadir obligaciones fiscales entre los años 2012 y 2015, proveyendo facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositivas y previsionales falsas, concesión irregular de planes de pagos “especiales” y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras”, según informó AFIP en un comunicado.
La investigación busca responsables por evadir entre 2012 y 2015
El organismo indicó que la denuncia se hizo en la AFIP de Salta y se descubrió que la organización delictiva tenía su “asiento en la zona Norte del conurbano bonaerense, prestando servicios en todo el país”. Arroyo Salgado ordenó la detención de los que serían jefes u organizadores. Lo grave es que “habrían contado en su momento con la asistencia de funcionarios del organismo fiscal, alguno de los cuales ocuparon cargos de jerarquía”.