Que un sospechoso cumpla tres años preso sin sentencia no es sinónimo de liberación automática. Y más cuando el imputado fue policía (igual que un supuesto cómplice que luego se quitó la vida) y está acusado de cometer un delito grave, como el ataque a tiros y el intento por quemar vivo al empresario Hugo Naranjo dentro de sus oficinas en la noche del 27 de mayo de 2006. Tampoco corresponde la libertad porque al cabo de un juicio con sentencia en contra, no le correspondería una pena de ejecución condicional (sin encierro), y porque la defensa concretó maniobras que dilataron el proceso.
Esas fueron las principales razones que argumentó la fiscal de Cámara Penal Alicia Esquivel, para oponerse a la liberación del ex comisario inspector Alejandro Agustín Pereyra, tal como anticipó este diario. El contenido del escrito trascendió ayer, pero fue presentado en la Sala II de la Cámara Penal el viernes, dijeron fuentes judiciales.
Ahora, los miembros del tribunal Félix Herrero Martín, Juan Carlos Peluc Noguera y el subrogante Arturo Velert Frau, tendrán un plazo máximo de cinco días antes de resolver si ordenan o no la liberación de Pereyra, el único detenido sospechado de perpetrar aquel brutal ataque contra Naranjo. Cayó preso porque la víctima lo conocía y lo señaló como su atacante a las primeras personas que lo asistieron en la calle, hasta donde llegó arrastrándose.
El defensor de Pereyra, Diego García Carmona, esperaba que lo liberaran el mismo día que cumplió tres años de encierro (el 28 de mayo pasado) y por eso considera que ahora su cliente está privado ilegalmente de su libertad. Hasta el mismo abogado de la víctima, Javier Cámpora, entiende "como hombre de derecho" que el ex comisario debe ser liberado porque si no se está vulnerando una "garantía constitucional".
Sea o no liberado, Pereyra deberá enfrentar si o si un juicio por tentativa de homicidio agravado.