Los hermanos Cristian y Jorge Rubia, con sus sobrinos y otros niños, se divertían jugando a la pelota en la plaza del barrio Canal Isla, en Chimbas, cuando empezaron a lloverles las piedras que les arrojaban, con hondas, unos niños del barrio contiguo, Los Toneles. A los gritos, buscaron frenar el ataque, pero esos chicos no pararon hasta que una de las piedras dio en la cabeza de Jorge, quien, enfurecido, salió a perseguirlos junto con su hermano. No le pudieron dar alcance a ninguno, pero cuando volvían se toparon con un vecino del otro barrio, Emiliano Humbel Terrera (38), y todo se complicó. Algunos testigos aseguran que los hermanos rodearon e intentaron agredir a Terrera, que ya sacó el arma que tenía para defenderse. Cristian Rubia, en cambio, aseguró que Terrera los increpó por "corretear a los pendejos", que lo golpeó a él en la cabeza con la cacha de un revólver calibre 38 y le apuntó al pecho, gatillándole, sin que la bala saliera. Que su hermano entonces lo empujó y ambos empezaron a correr cuando empezaron a escuchar tiros (los vecinos hablan de 4 disparos), hasta que su hermano Jorge se quejó de dolor y ya no pudo seguir: "Cristian, me pegó, me falta el aire", alcanzó a decir. Y a pesar de que lo cargaron en un auto quedó sentenciado, porque la bala se le coló por el costado superior izquierdo del abdomen y le dañó órganos vitales.

Ocurrió a eso de las 21 del 14 de diciembre de 2020. Y como Terrera sabía lo que le esperaba, partió del barrio alrededor de las 4 de la mañana del otro día. Tres meses y 13 días después, el 27 de marzo, cayó en Neuquén y desde entonces las cosas para él se complicaron un poco más.

¿Por qué? Resulta que cuando ocurrió el homicidio de Rubia, Terrera estaba beneficiado con una libertad condicional en una causa en la que resultó condenado a 2 años y 10 meses por portación ilegal de arma de guerra. Ese castigo se lo habían impuesto en Flagrancia el 23 de octubre de 2010 y, según la ley, no tenía que cometer ningún otro delito en un lapso de 4 años.

Como eso no ocurrió, esa condena se revocó para que la cumpliera de manera efectiva y, a la vez, se le unificó con otro castigo que él mismo aceptó (9 años y 8 meses) en un juicio abreviado por matar a Jorge Rubia.

Ese acuerdo fue logrado a través de su defensor, Nicolás Fiorentino con la fiscal Silvina Gerarduzzi. El defensor oficial, Carlos Reiloba, que actuó en representación de la familia de la víctima, se opuso al acuerdo; pretendía una pena más alta.

Ahora, el juez de la Cámara Penal, Juan Bautista Bueno de la Cruz, ratificó ese acuerdo de las partes y le aplicó a Terrera una pena única de 12 años y 6 meses de cárcel, dijeron fuentes judiciales.