Una agente de Policía de 30 años que está presa desde el 24 de julio del año pasado confesaría en un juicio abreviado que cometió prácticas sexuales que sirvieron para corromper o desviar el sano sentido del sexo en el hijo de quien era su pareja, que por entonces tenía 13 años. Según voceros judiciales, el fiscal Gustavo Manini y el defensor Cesar Carrizo ya tuvieron algunas conversaciones en las que se baraja esa opción que evitaría el desgaste de un juicio común a cambio de una rebaja de pena. El debate está previsto para el próximo lunes y será presidido por el juez Raúl José Iglesias en la Sala I de la Cámara Penal.

A la joven sospechosa le atribuyen un delito que se castiga con penas de entre 10 y 15 años de cárcel.

El caso se inició con un escándalo entre las familias implicadas. Y estalló cuando el menor le contó a sus primos sobre las experiencias sexuales que había tenido con la mujer de su papá.

Ese relato fue grabado por uno de los niños, llegó a su mamá que es hermana del papá del chico involucrado. El hombre consultó a un psicólogo, le avisó a su ex y denunció el caso. Informalmente, aquella vez trascendió que, acorralada, la mujer policía admitió ante su pareja haber tenido sexo con el niño porque "es débil".

Cuando la madre del chico se enteró de lo que había pasado, le cerraron varios cabos sueltos, como el repentino cambio de conducta de la sospechosa con sus hijos, a los que incluso había maltratado. Por eso entendió por qué se ofrecía a ayudar al menor con sus tareas, llevarlo a la escuela o al cine.

La prueba más comprometedora contra la policía se produjo en Cámara Gesell, donde el menor detalló cómo fueron esas prácticas sexuales, al menos cuatro entre junio y julio del año pasado.

Entonces el juez de Instrucción Heredia Zaldo evaluó los dichos de los testigos y el informe del psicólogo (entre otras pruebas) y concluyó que no habían sido simples tocamientos en el menor, sino maniobras que sirvieron para corromperlo sexualmente. Y que ese delito debía entenderse también a la luz de otro agravante: la guarda, porque el chico estaba a su cuidado.

El delito
 

El delito de corrupción de menores agravado por ser el guardador de la víctima se castiga con penas de entre 10 y 15 años de cárcel. Con la posible confesión de su clienta en un juicio abreviado, la defensa busca acercarse lo que más pueda al mínimo de ese castigo.