Dos años y 8 meses había pasado en la cárcel Gabriel Alberto Aranda Pizarro (54 años, alias "Gabi" o "Pato"). Sospechaban que había matado de un escopetazo a Andrés Saturnino González (20) en el Loteo Santa Ana, Pocito, la siesta del 19 de octubre de 2009. Pero el 18 de mayo de 2013, el tribunal que lo enjuició tuvo dudas de que hubiera sido el autor del disparo y lo absolvió. Así, echaba por tierra el pedido de Fiscalía de condenarlo a 12 años y ordenar que lo investigaran por portar ilegalmente un arma y su presunta vinculación al narcotráfico, pues aquella vez se sospechó que el homicidio había sido un ajuste de cuentas por drogas.

Ahora las cosas volvieron a complicarse para ese sujeto, que registra varias hojas de planilla prontuarial con causas sin sentencia por robos, portación de armas, drogas (entre otras), y una sola condena: 6 meses de prisión en suspenso que le dictó un juez de Flagrancia el 2 de diciembre de 2020, por lesionar a su pareja.

Justamente su conflictiva relación con esa mujer, fue la que lo llevó otra vez a un calabozo en la noche del miércoles pasado. Fue a causa de una tercera denuncia, por hechos muy graves, pues su ex dijo que "muy drogado" le puso un cuchillo en la espalda en la escuela donde habían acordado juntarse para finiquitar detalles de la separación. Y que una vez en la casa de su madre, la golpeó, la amenazó y la mantuvo prácticamente de rehén casi dos días en un dormitorio del barrio Hualilán, Rawson, de donde pudo escapar luego de forzar la cerradura de la puerta con un palo porque su ex le había sacado el picaporte y sus familiares no hicieron nada porque le temen.

También dijo que huyó, sin llevarse su teléfono, su depiladora y unos $125.000 que tenía en su ropa interior, porque se los quitó Aranda Pizarro.

Ayer, el juez Alberto Caballero, escuchó al fiscal Mario Panetta (UFI CAVIG) relatar ese hecho y su pedido para que se acumulen las otras dos denuncias de la mujer por lesiones y amenazas, realizadas el 10 de diciembre de 2022 y el 18 de enero pasado, respectivamente. En esas denuncias, la mujer dijo que el sospechoso bebe y se droga, que tiene un arma de fuego y que uno de los ataques fue porque ella le recriminó haber comprado un termotanque robado.

Fiscalía pidió, además, una prisión preventiva de 4 meses y que se deriven todas las causas al primer juez que intervino, Javier Figuerola. Y así lo resolvió el magistrado, aunque sólo ordenó dejarlo encerrado por 30 días.

"Todo lo que esa señora denunció es mentira y se va a probar. En la escuela donde dijo que la amenazó con un cuchillo hay cámaras, como también en el trayecto que recogieron. Mi cliente está envuelto en una relación tóxica, en la que lamentablemente cada vez que la denunciante no obtiene lo que busca, lo denuncia. Esta última fue porque ella le pidió $50.000 porque se quiere ir al Sur y mi cliente sólo le había juntado $30.000", dijo ayer Nicolás Gómez Camozzi, quien se había opuesto al encierro preventivo de su cliente.