La causa por los alquileres ilegales en el CEF N°20 (La Granja) dio un giro clave este lunes 1 de diciembre de 2025: en un acuerdo de juicio abreviado, Daniel Samat y Mario Sanz fueron condenados por una serie de delitos contra la administración pública y por múltiples estafas a particulares. Ambos integraban el esquema que, según Fiscalía, operó entre 2019 y 2022 alquilando de manera irregular las canchas, la pileta, el gimnasio, la pista de atletismo, los estacionamientos y hasta cobrando por servicios públicos dentro del predio deportivo de Santa Lucía, cuya utilización es gratuita por ley.
El acuerdo fijó tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Samat, exdirector del CEF 20. En el caso de Sanz, expresidente de la Asociación Cooperadora, la pena fue de dos años en suspenso y la misma inhabilitación perpetua. Ambos fueron considerados responsables de peculado (art. 261), administración fraudulenta agravada (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5) y estafas reiteradas (art. 172). En el caso de Samat, en carácter de coautor, y en el de Sanz, como partícipe necesario.
La Justicia entendió que durante el periodo investigado —del 1 de enero de 2019 a septiembre de 2021 para Samat y hasta el 18 de marzo de 2022 para Sanz— los acusados cobraron alquileres y servicios sin ningún acto administrativo que los habilitara y sin rendir un solo peso al Estado. En el último tramo, Sanz habría actuado en conjunto con Miguel Jofré, quien permanece imputado y ahora a la espera del análisis de una junta médica. Era el único imputado que se encaminaba a un juicio.
La investigación de la UFI de Delitos Especiales expuso cifras relevantes: solo la cancha de hockey fue alquilada al menos 740 veces, y los fraudes documentados —“una muestra del total”, según Fiscalía— superan el millón de pesos entre alumnos, clubes y particulares. Se llegó a cobrar por cursos de ingreso, acompañantes, uso compartido de canchas y hasta por “multas” a quienes contrataban y no asistían al turno. Todo bajo el argumento de que lo recaudado se destinaba al mantenimiento del predio, algo que Fiscalía descartó al comprobar que Educación, Deportes y la Municipalidad de Santa Lucía ya cubrían esos gastos.
La defensa de Miguel Jofré pidió la suspensión del proceso alegando una presunta incapacidad mental sobreviniente que le impediría comprender la acusación y ejercer su propia defensa. La solicitud se basó en informes de un psicólogo, documentación laboral y certificados médicos que hablan de un cuadro que podría afectar su lucidez. No se comunicó un diagnóstico preciso, aunque la defensa sostiene que se trata de una alteración psíquica grave, comparable a una depresión profunda u otra patología incapacitante.
El juez Alberto Caballero ordenó la intervención de una junta médica, integrada por especialistas del Cuerpo Forense dependiente de la Corte de Justicia y profesionales del Hospital Marcial Quiroga, además de peritos de parte tanto de la defensa como de la fiscalía. La evaluación buscará determinar si la incapacidad es real, si existe simulación y si es reversible. Hasta que el informe esté listo, el proceso de juicio quedó suspendido.