A través de su hija, Marisel Sanz, Mario Sanz insistió ayer ante el juez de Impugnación, Benedicto Correa, en que le conceda el beneficio de la probation, es decir que le suspenda el juicio por un tiempo, en el que someterá a pruebas como el cumplimiento de tareas comunitarias en favor del bien público y el pago, simbólico, del perjuicio causado. Sanz es uno de los tres sospechosos de un caso resonante: los alquileres ‘ilegales’ de las canchas, los estacionamientos y otros servicios en el predio del CEF N° 20 (Centro de Educación Física, más conocido como ‘La Granja’) en Santa Lucía. La sospecha en la investigación encabezada por el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, es que entre el 1 de enero de 2019 y el 18 de marzo de 2022, se produjeron más de 800 hechos de peculado, estafas y otros delitos que beneficiaron a quienes dirigieron esa institución, el exfuncionario, Miguel Jofré, y el docente Daniel Samat, quienes percibían los importes por los alquileres que se canalizaban a través de la Cooperadora del CEF N°20, dirigida por Mario Sanz.
El planteo de Sanz se produjo cuando el caso estaba por pasar a juicio, instancia en la que el fiscal Micheltorena pretende conseguir una condena de 5 años para todos los imputados y que sean inhabilitados para ejercer cargos públicos. Esa fue una de las razones por la que se opuso a conceder la probation a Sanz, rechazo que contó con la adhesión de Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo Mira (representantes de Fiscalía de Estado, como Parte Querellante).
La petición de probation de Sanz había sido rechazada por la jueza del caso, Gema Guerrero, por varios motivos, entre los que se destacó la falta de fundamentos y porque entendió que el pedido no debía realizarse en la audiencia para pasar el caso a juicio.
Sin embargo el juez Correa entendió que sí había que escuchar el planteo de Sanz. Y a pesar de que Fiscalía siguió oponiéndose, la Corte de Justicia finalmente le dio la razón al juez de Impugnación.
Por eso ayer, Correa escuchó a la abogada y la adhesión a su pedido de Franco Montes (defensor de Jofré). Pero la petición otra vez fue cuestionada por Fiscalía, ayer representada por el fiscal de Impugnación, Fabrizio Médici, con la adhesión de los representantes de Fiscalía de Estado.
Entre los motivos esgrimidos por los acusadores, sobresalieron la falta de acuerdo de Fiscalía para conceder ese beneficio, que el pedido se hiciera fuera de término y en una instancia procesal que no corresponde (la audiencia de control de acusación), la gravedad de los delitos investigados y la necesidad de ventilarlos en un juicio y el hecho de que Sanz sea considerado partícipe de un delito castigado con pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Si Sanz es beneficiado con una probation, implicará que, si cumple con las reglas impuestas, será sobreseído, algo los acusadores no quieren.
El juez debe resolver.