Con Héctor Andrés Storniolo nuevamente en libertad tras 13 meses detenido, la megacausa por el fraude inmobiliario más grande de San Juan entró en una etapa decisiva. Desde la UFI de Delitos Informáticos y Estafas se hizo público el detalle de los 19 barrios y loteos que están bajo investigación penal, junto con sus direcciones, con el objetivo de advertir a los sanjuaninos y evitar nuevas estafas al intentar acceder a un terreno o vivienda. La advertencia resulta aún más grave porque, pese a que la causa ya estaba en trámite, se detectó que se seguían ofreciendo lotes y casas de estos emprendimientos.
Entre los proyectos investigados se encuentran Alteza II, ubicado en calle Proyectada sin número, entre Sanidad Argentina y General Espejo, en Rivadavia; Palmares del Norte I, dentro del mismo departamento; Altos del Este; Tierras de Pocito; y Acacias Blancas, situado en calle Rastreador Calívar sin número, también en Rivadavia. En Pocito figuran además Vistas del Sur I, emplazado en calle Mendoza sin número, entre calle 10 y 11, y Vistas del Sur II, ubicado directamente sobre calle 10 sin número.
En Zonda aparece el emprendimiento Portalba Zonda, localizado en la intersección de calle 9 de Julio y calle La Paz sin número. En Albardón se investiga Tierras de Albardón, situado en calle Rawson sin número, entre La Paz y Nacional, y también Alto Valle, ubicado sobre Ruta Nacional 40 y calle Doctor Guillermo Rawson. En Rawson figuran Tierras de Don Cristóbal, en la intersección de calle Belgrano y Callejón Herrero sin número, y Tierras del Sur, ubicado en calle La Estación y calle Progreso. También en Rawson está bajo investigación el Loteo Calle Progreso, situado en la intersección de calle Progreso y María Teresa de Calcuta.
En Pocito aparece además Tierras de Don Rogelio, ubicado en calle Lemos 7697 Sur. En Rivadavia se suman Tierras del Oeste, localizado sobre calle República del Líbano Oeste sin número; Alteza I, situado en Zonda número 427 Sur; Las Moras, ubicado en calle Rastreador Calívar 1260 Norte; y Portalba VII, emplazado en calle Coll sin número, identificada como Sargento Cabral 3769 Oeste, pasando Rastreador Calívar. En Santa Lucía se encuentra Portalba IV, ubicado sobre Roque Sáenz Peña sin número, pasando calle San Juan.
La investigación judicial también avanzó sobre la estructura empresarial utilizada para llevar adelante las maniobras de comercialización. Según consta en el expediente, los imputados operaban mediante las firmas Casa Noble SRL, El Nido SRL, Tramonto SA, Índigo SA, Torum SA, Portalba SA, Masca SAS y Fiesole SA, todas ellas bajo análisis de la Justicia por su presunta participación en la venta irregular de lotes y barrios que nunca se concretaron.
El juez Gerardo Fernández Caussi resolvió conceder la libertad a Storniolo luego de aceptar la sustitución de la prisión preventiva por una caución real, tras 13 meses de detención, primero en un penal desde octubre de 2024 y luego bajo arresto domiciliario desde diciembre de ese mismo año. La defensa ofreció como garantía el departamento de los suegros del imputado, ubicado en el mismo predio donde cumplía la domiciliaria. Aunque la Fiscalía había solicitado extender la preventiva por seis meses más, debido a que las denuncias siguen ingresando a diario y ya superan las 600, el magistrado entendió que no existía riesgo de fuga y valoró el arraigo familiar del empresario.
De esta forma Storniolo recuperó la libertad el 30 de noviembre, tras que los suegros dieran el consentimiento de entregar el inmueble ofrecido como caución. Esta exigencia surgió luego de que se detectara que una propiedad ofrecida anteriormente como garantía había sido vendida sin notificación al tribunal, hecho que generó un fuerte llamado de atención en el Ministerio Público Fiscal.
La causa ya tiene diez personas imputadas y un perjuicio económico estimado que supera los 2.700 millones de pesos. Los primeros acusados fueron Héctor Storniolo, su esposa Patricia Nacif y Juan Gallerano La Hoz. Luego se sumaron Diego Reta, Mariana Pérez Bedini, Federico Salinas, Ricardo Sánchez Montilla, Orlando Rueda, Adela Rueda y Rosa María del Valle Storniolo.
Para resguardar los bienes y garantizar una eventual reparación a las víctimas, la Fiscalía mantiene vigentes inhibiciones generales, anotaciones en el Registro Inmobiliario, prohibiciones de innovar y anotaciones de litis, con el objetivo de impedir que se sigan comercializando propiedades bajo sospecha. Estas medidas buscan preservar el patrimonio de los imputados ante una futura condena.
Además de la caución real, Storniolo deberá cumplir estrictas condiciones judiciales: no podrá salir de la provincia ni del país, deberá presentarse ante cada requerimiento del proceso y tiene terminantemente prohibido comunicarse con las víctimas.