Este martes arranca en la Legislatura de Córdoba el juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su desempeño en la investigación del asesinato de Nora Dalmasso. La familia Macarrón será la primera en declarar: la audiencia pública promete testimonios contundentes y marca un nuevo capítulo del expediente.
Crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury a los fiscales que investigaron el caso
Este juicio político inicia con la familia Macarrón como primer testigo y la prueba genética que volvió a señalar al parquetista Roberto Bárzola.
El crimen ocurrió el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto, Córdoba. Tras semanas de hipótesis fueron señalados un albañil, Gastón Zárate, luego Facundo Macarrón siendo menor y finalmente el viudo Marcelo, absuelto en 2022. La causa quedó estancada hasta que a fines de 2024 surgieron pruebas genéticas que reabrieron la escena.
Reclamada desde 2007 por los Macarrón, la toma de muestras a Roberto Bárzola fue negada repetidamente por esos fiscales. Finalmente lo hizo el fiscal Pablo Jávega y los análisis indicaron rastros en al menos diez puntos del cinto y un vello en la zona íntima de Nora. El juicio político buscará evaluar esa omisión.
Audiencias y testigos
El tribunal de Enjuiciamiento fijó 37 testigos que declararán hasta el 27 de abril, con audiencias públicas y sesiones continuas para respetar el plazo legal de cuatro meses. El primer día harán uso de la palabra Marcelo Macarrón, después los hijos Facundo y Valentina; cerrará el defensor Gustavo Liebau. Las jornadas serán transmitidas y el público podrá presenciar los relatos.
El jurado está integrado por dos legisladores del oficialismo y dos de la oposición, más un quinto miembro del Tribunal Superior de Justicia. Su presidenta es Julieta Rinaldi, la primera mujer en ocupar ese cargo.
¿Qué se disputa en este juicio?
La acusación sostiene que los fiscales centraron la pesquisa en la familia, con insinuaciones sobre relaciones privadas y teorías para derribar coartadas, mientras desatendían otras líneas. Los querellantes denuncian que ese sesgo impidió avanzar sobre hipótesis más simples que hoy apuntan al parquetista, hoy sin condena por la prescripción. Los tres acusados presentaron descargos y siguen en funciones.
La Cámara de Río Cuarto concluyó que ‘Desde la medianoche de la fecha de la comisión del hecho imputado al prevenido hasta la actualidad han transcurrido casi 19 años. Es decir, un lapso superior al límite temporal que la ley sustantiva establece para la operatividad de la prescripción’, según el fallo.
El tribunal sostuvo además que, por la ausencia de interrupciones del trámite, ‘la acción penal en contra de Bárzola está prescripta’ y por eso correspondía ordenar su sobreseimiento. La familia apeló y ahora espera que el Superior Tribunal revise la posibilidad de un juicio por la verdad y los plazos de prescripción.
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