El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió este jueves que Cristina Fernández de Kirchner podrá hacer uso del balcón del departamento en el que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado. La decisión fue tomada tras un pedido de aclaratoria presentado por su defensa.

En la misma resolución, firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, el tribunal ratificó la obligación de que la expresidenta utilice una tobillera electrónica, y ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación su colocación en el domicilio informado.

“La Justicia no ha vedado a la Sra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”, indicaron los magistrados, aunque aclararon que se espera “criterio, prudencia y sentido común” para evitar que su presencia en el balcón genere molestias al vecindario.

El pedido de aclaración fue formulado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes solicitaron una respuesta urgente para evitar interpretaciones ambiguas. Lo hicieron luego de que en la resolución del martes se estableciera que la exmandataria debía abstenerse de realizar comportamientos que alteren “la tranquilidad del vecindario”.

La discusión sobre el uso del balcón cobró relevancia pública luego de que Cristina ironizara sobre la restricción durante un mensaje grabado, reproducido en un acto en Plaza de Mayo: “Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque ni siquiera las podría regar”, dijo, mientras militantes mostraban pancartas con frases como “Tu balcón, nuestra alegría”.

En su resolución, el TOF 2 también indicó que cada tres meses se presentará un informe sobre el cumplimiento de las condiciones del arresto domiciliario, a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. El comportamiento de la expresidenta será clave para sostener este régimen de detención.

La medida fue tomada en medio de una creciente movilización del kirchnerismo en respaldo a la exmandataria, y mientras avanza en el Congreso un proyecto del PRO para prohibir que se indulte a funcionarios condenados por corrupción.