Un caso de violencia de género ocurrido en 2023 llegó a su resolución judicial definitiva esta semana, luego de que el imputado demostrara un total desinterés por las condiciones impuestas por la justicia para evitar una condena formal. El hombre, identificado como de apellido Chancay, había sido beneficiado con una suspensión de juicio a prueba (probation), pero su sistemático incumplimiento derivó en su detención y una sentencia de cumplimiento condicional.
El ataque y el beneficio inicial
El hecho original se remonta a una discusión de pareja en la que Chancay agredió físicamente a la mujer con la que convivía en una casa de Rawson. Según consta en el legajo judicial, el hombre le propinó un golpe de puño en la boca y la tomó del cuello, provocándole lesiones que demandaron ocho días de curación.
En agosto de 2024, la justicia le otorgó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba por el término de un año. Para mantener este beneficio y evitar una condena en su prontuario, el agresor debía cumplir con reglas de conducta estrictas: el pago de una reparación simbólica de $50.000 (dividida en dos cuotas) y la realización de 36 horas de tareas comunitarias en el municipio de Rawson.
Desobediencia y rebeldía
A pesar de la oportunidad procesal, el informe al vencimiento del plazo fue tajante: Chancay no había cumplido con ninguna de las obligaciones. A diferencia de otros casos donde existe un cumplimiento parcial y se otorgan prórrogas, en esta ocasión se detectó una falta total de voluntad para resarcir el daño o cumplir con el trabajo comunitario.
La situación se agravó cuando el imputado no se presentó a la audiencia de revocación, lo que llevó al juez a declararlo en estado de rebeldía. No era la primera vez que evadía a la justicia, ya que al inicio del proceso también había tenido que ser buscado por las fuerzas de seguridad para formalizar la causa. Finalmente, fue detenido el lunes 19 de enero de 2026.
Condena final
Al haberse revocado la probation, la normativa impide que se le otorgue nuevamente este beneficio por el mismo hecho, obligando a resolver el legajo de manera inmediata. Ante la contundencia de las pruebas por el delito de lesiones leves agravadas, las partes, el fiscal Mario Panetta, de la UFI Cavig y el defensor oficial Alejandro Martín García acordaron un juicio abreviado.
Como resultado, la jueza de feria Ana Carolina Parra dictó una condena de seis meses de prisión de ejecución condicional. Si bien el hombre no quedará tras las rejas de forma inmediata, ahora cuenta con una condena formal en su registro, perdiendo el “historial limpio” que le permitió acceder originalmente a la suspensión del juicio.