La historia del español Carlos Fernández es digna de una película. Pero lejos de ser una ficción, se trata de la vida real. El exconcejal de Marbella huyó en el año 2006 en medio de una megainvestigación con detenciones contra la corrupción en el municipio de la Costa del Sol. Años después recayó en San Juan donde se presentó como consultor político. Este miércoles, al volver a su tierra natal, quedó detenido ni bien pisó el aeropuerto de Barajas.

No obstante haber pasado a disposición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, fue dejado en libertad horas después, ya que la Fiscalía solo lo reclama una pena de multa en la causa que tiene pendiente. Ante eso, Fernández fue citado el próximo 5 de noviembre para la celebración del juicio. En tanto que el resto de los delitos que se penan con prisión efectiva prescribieron, por lo que el español que vive en San Juan, donde se casó y formó una familia, no corre peligro de quedar detenido.

Como aún estaba vigente el pedido internacional de captura contra Fernández, ni bien salió el vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a España, las autoridades tenían conocimiento de su viaje y prepararon la detención. Sin embardo, según dijo su abogado en medios españoles, el propio exedil se puso a disposición de la Justicia.

Fernández estaba acusado por la Fiscalía de prevaricación administrativa, malversación y cohecho pasivo por presuntamente recibir 150.000 euros de Juan Antonio Roca, jefe de la trama corrupta. Por estos delitos se enfrentaba a entre ocho y 10 años de prisión. En el momento de su fuga había también otras diligencias contra él en otros juzgados, con acusaciones por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio, y ya había recibido una condena de dos años y medio de cárcel por malversar dinero del club de fútbol San Pedro Alcántara.

Huyó de España al saber que iba a ser reclamado por el juez Miguel Ángel Torres, primer instructor de la causa contra la corrupción en Marbella. El exconcejal aseguró, a través de su defensa, que estaba recorriendo el Camino de Santiago. La última pista en España se perdió en el hotel AC de Ponferrada (León). Según los agentes, el edil debió pasar la frontera con Portugal, “con controles aduaneros escasos o inexistentes”, para desde allí tomar un vuelo hacia Brasil. El 2 de julio de 2006 se registró la entrada de Fernández en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires.

En septiembre de 2017, Fernández se entregó a las autoridades de San Juan con la intención de que se acelerara el proceso para que todos sus delitos se declararan prescritos. Su hermano y abogado, Antonio Fernández, justificó esta decisión por los obstáculos que, según mantuvo, había encontrado en los juzgados de Marbella para que se declarase de oficio la caducidad de esos cargos. La Audiencia Nacional pidió entonces su extradición, pero la Justicia argentina la rechazó en 2022.