Un nuevo episodio de violencia de género volvió a poner en foco a un hombre, L.A.W. (no se lo identifica para cuidar a la víctima), que ya contaba con una condena reciente por agredir a su expareja. En plena feria judicial, la Justicia de San Juan resolvió dictarle prisión preventiva, aunque bajo la modalidad domiciliaria, tras una nueva denuncia por violación de domicilio, abuso sexual simple y amenazas.
La causa se inició a partir de una reciente denuncia radicada por la mujer, quien relató que su expareja volvió a irrumpir en su vida pese a tener una condena de tres años de prisión condicional y prohibición de acercamiento.
Según la presentación, el acusado ingresó sin autorización al domicilio, la agredió y la amenazó, en un contexto de extrema violencia. También le tocó su vagina “por arriba de la ropa para comprobar si estuvo con otra persona”.
A pesar del pedido de la fiscal Florencia Pons, de que L.A.W. permanezca detenido en el penal de Chimbas hasta que se lleve a cabo la investigación, la jueza Ana Carolina Parra resolvió imponerle prisión preventiva por el plazo de dos meses, pero de cumplimiento domiciliario, con control mediante rondas policiales diarias a cargo de la comisaría jurisdiccional. El motivo principal, esgrimido por la defensa, encarnada por el abogado Horacio Merino, el hombre tiene a cargo a su hijo de 14 años, que a su vez es un hijo en común que tiene con la víctima.
Uno de los puntos más sensibles del caso es que el acusado cumple la domiciliaria a una distancia estimada entre 100 y 150 metros del domicilio de la víctima, en el barrio Ferroviario, en Rawson.
La decisión generó preocupación en la UFI CAVIG debido a los antecedentes inmediatos del imputado y la fiscal ya analiza una presentación de impugnación. El 2 de enero de 2026, el hombre ya había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por una serie de hechos de violencia cometidos contra su expareja y el hijo de ella. En ese fallo se lo encontró responsable de lesiones leves agravadas —en dos o tres hechos—, amenazas simples, violación de domicilio, desobediencia judicial y agresiones en perjuicio del hijo de la mujer.
En aquellos episodios, la víctima denunció que el agresor la tomó del cuello, la manoseó y la interrogó violentamente sobre si había estado con otro hombre, mientras la amenazaba con quemarle la casa. Los hechos derivaron en una investigación impulsada por la fiscal Alejandra Bazán, de la Unidad Fiscal CAVIG, especializada en violencia intrafamiliar y de género.
Además, en una causa anterior, el juez subrogante Alberto Ramón Caballero había condenado a L.A.W. a tres años de prisión condicional tras comprobar una escalada de violencia extrema ocurrida durante diciembre de 2025. En ese expediente se acreditaron amenazas de muerte, violación de medidas de protección, ingreso ilegal al domicilio de la víctima y una brutal golpiza a uno de sus hijastros, además de antecedentes de violencia que se remontaban a marzo de 2022.
Pese a ese historial, el agresor volvió a quedar bajo una modalidad no efectiva de detención. Ahora, mientras se sustancia la nueva causa y se controlan las medidas impuestas, la situación vuelve a encender el debate sobre el alcance de las decisiones judiciales en contextos de reiterada violencia de género y el riesgo que implica la cercanía física entre víctimas y agresores.