El escándalo por las filtraciones internas en el Poder Judicial sumó un nuevo capítulo este miércoles 3 de diciembre, cuando Diego Ruarte, un joven policía que prestaba servicio en la UFI Delitos Contra la Propiedad, aceptó su responsabilidad y fue a un juicio abreviado. Según confirmaron fuentes judiciales, el uniformado admitió haber vendido información sensible vinculada a la investigación contra la barra brava de San Martín, a cambio de una pena de seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación.
Ruarte quedó bajo la lupa luego de que la fiscalía detectara que obtenía datos reservados sobre los avances de la causa contra Franco “Chorico” González —considerado uno de los líderes de La Banda del Pueblo Viejo— y se los entregaba mediante comunicaciones clandestinas. Se trataba de información sobre órdenes de allanamiento, posibles detenciones, movimientos internos del Ministerio Público y otros elementos que podían comprometer el éxito de los operativos.
Pese a las filtraciones, González fue detenido meses atrás durante un megaoperativo que desarticuló parte de su estructura. La sospecha sobre Ruarte se había instalado tiempo antes, cuando fue trasladado de su rol en la UFI a la Unidad de Abordaje Territorial y, posteriormente, a la Comisaría 17°, donde dejó de cumplir funciones luego de presentar un parte médico. Durante la investigación se detectó que incluso habría intentado contactarse con la fiscal Daniela Pringles y con colegas de brigada para averiguar qué información existía en su contra.
En la audiencia de este miércoles, la jueza Flavia Allende homologó el acuerdo al que llegaron la fiscalía y la defensa y dictó sentencia, lo que evita el encarcelamiento efectivo para Ruarte pero lo deja con un antecedente penal y restricciones.
Otro antecedente: el caso Holeywell
El episodio recuerda al resonante caso de Adolfo Andrés Holeywell, jefe de despacho de la misma UFI, quien meses atrás también admitió haber filtrado información clave a delincuentes vinculados a la banda de los “roba ruedas”. Holeywell fue condenado a un año de prisión en suspenso mediante juicio abreviado y, tras la sentencia, renunció a su cargo.
La repetición de episodios de este tipo volvió a encender alarmas sobre la vulnerabilidad interna de los sistemas de investigación y la facilidad con la que ciertos funcionarios accedían a información crítica que luego era utilizada para favorecer a grupos delictivos.