Un empleado del Poder Judicial de San Juan quedó formalmente imputado en una causa por tenencia y ofrecimiento de material de abuso y explotación sexual infantil, tras una audiencia realizada el 12 de febrero. Se trata de Carlos Adrián Guevara, quien se desempeña en la Oficina Judicial del fuero Laboral y ya arrastraba un sumario administrativo por antecedentes de conducta. Anoticiados sobre el caso, el sujeto pasó a cumplir tareas secundarias hasta que tenga condena, dijeron fuentes judiciales.
Guevara es un conocido exmilitante del Partido Justicialista de la provincia. Arrancó en el MAPU, la agrupación del difunto diputado Pedro Mallea. Luego pasó por la militancia universitaria como colaborador de la extinta Innovación. Después recaló en la Legislatura y, más tarde, como profesional audiovisual en Casa de Gobierno durante la administración anterior. La última parada del derrotero de Guevara fue la Justicia. Esporádicamente, también participó en adscripciones en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.
La investigación se inició a partir de un reporte internacional de la Cyber Tipline del NCMEC, canalizado a la provincia a través del sistema de cooperación 24/7. De acuerdo al legajo, una plataforma digital alertó sobre la compartición de un archivo con material ilegal desde una cuenta identificada con el nombre de usuario “Cami Luna”, detrás de la cual —según la acusación— se encontraba el propio Guevara.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Pablo Martín -con el ayudante fiscal Federico Pereyra y con el colaborador Federico Martínez– detalló que el imputado se hacía pasar por “Cami Luna” en la plataforma reportante y que los registros técnicos permitieron vincular esa cuenta con direcciones IP asignadas a un servicio de internet radicado en la provincia, contratado a nombre de Guevara. A su vez, se estableció la conexión con correos electrónicos y números telefónicos que también figuraban a su nombre.
La pesquisa incluyó el requerimiento de información a empresas tecnológicas y el análisis de múltiples dispositivos asociados a las cuentas investigadas. En ese marco, el 29 de diciembre de 2025 se llevó adelante un allanamiento en un domicilio del departamento Rivadavia, ordenado por el juez de Garantías Mariano Carrera, con resultado positivo. En el procedimiento se secuestró, entre otros elementos, un teléfono celular Samsung Galaxy A12, que quedó a disposición para peritajes.
Finalmente, el magistrado tuvo por formalizada la Investigación Penal Preparatoria por el delito previsto en el artículo 128 del Código Penal, en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de menores no identificados. El plazo de investigación se fijó en diez meses. Guevara continuará en libertad, aunque deberá cumplir medidas coercitivas, entre ellas la obligación de someterse al proceso, la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial y la retención de documentos de viaje.
La defensa está a cargo de Cecilia Mut, de la Defensoría Oficial N.º 15, mientras que la causa es impulsada por el Ministerio Público Fiscal. Desde la fiscalía indicaron que la investigación sigue en curso y que restan pericias determinantes sobre el material secuestrado.