Una compleja maniobra con seis vehículos dejó al descubierto una presunta estafa que involucra al empresario Miguel Mercado y a Lucas Alberto Robles, empleado de una agencia de alquiler de autos de Rawson cuyo dueño, Gonzalo Saracena, fue uno de los principales damnificados y el primero en denunciar.
Saracena, propietario desde hace más de diez años de una agencia con 40 vehículos disponibles, viajó a Estados Unidos el 8 de mayo de 2025 y dejó al frente del negocio a Robles, encargado del mantenimiento, recepción, contratos y autorizado verbalmente para ofrecer en venta algunas unidades desgastadas, siempre con aprobación previa.
Al regresar el 3 de junio, aunque retomó su actividad recién el 4 de julio, observó en la vía pública un Renault Logan de su propiedad que no debía estar circulando. Al reclamar a su empleado, Robles le informó que varios autos estaban guardados en el garage de Mercado, ubicado en Avenida Libertador y Sarmiento. Argumentó falta de espacio y supuestas oportunidades de venta.
La explicación encendió las alarmas cuando Saracena comprobó que los vehículos habían sido retirados sin autorización. Tras insistir, Robles envió un listado por WhatsApp de los seis autos en poder de Mercado: tres Fiat Cronos, un Ford Ka, un Renault Logan y un Ford Ka rojo perteneciente a un conocido de Saracena. Junto con eso llegó una propuesta de 112.000 dólares a pagar en siete semanas para adquirirlos.
Para resguardarse, Saracena firmó contratos de alquiler por ese período, pero el pago nunca llegó. Cada consulta era respondida con excusas, hasta que finalmente habló con Mercado, quien también prometió cumplir, sin avances concretos.
La maniobra estalló el 14 de julio, cuando un gestor automotor de Mendoza, José Luis Saavedra, llamó para solicitar la firma de formularios 08 destinados a transferir dos Fiat Cronos. Saavedra afirmó que sus clientes habían comprado los vehículos y que incluso estaban pagos desde junio, cuando Saracena ni siquiera había vuelto a trabajar. Los montos informados por el gestor —$15,3 millones y $14,5 millones por dos de los autos— revelaron que las ventas ya habían ocurrido sin autorización del dueño.
A partir de entonces, Saracena descubrió que dos de sus vehículos estaban exhibidos en una agencia de Pocito, “GNS Automotores y Baterías”, cuyo propietario, Leonardo Fojo, confirmó que los compró a Mercado por $27 millones en total. Incluso relató que Robles había acompañado a Mercado y se había presentado como “socio” de Saracena.
El relato de Fojo agregó otra pieza al rompecabezas: él había adquirido los autos luego de ver uno publicado en el portal Compra San Juan, y Mercado le aseguró que estaba vendiendo unidades de una flota de alquiler. También confirmó que las operaciones fueron pagadas en efectivo y avaladas con contratos firmados por Mercado.
Cuando Saracena cayó a la agencia de Fojo el 23 de julio, reclamando por sus autos, el comerciante le explicó que uno de los Cronos ya había sido vendido y que necesitaba su firma para completar la transferencia al comprador. Ante la negativa del empresario —quien exigió primero recuperar lo adeudado—, el conflicto escaló.
En paralelo, otras víctimas también hicieron denuncias. Una mujer, Luciana González, aseguró haber entregado su Sandero como parte de pago a Mercado por otro vehículo vinculado a Saracena y luego no pudo inscribirlo a su nombre. Su auto terminó retenido en la agencia de Fojo, que tampoco quiso devolverlo sin recuperar el dinero que había pagado.
Las fiscalías ya recogieron declaraciones, denuncias ampliadas y documentación vinculada a la operatoria atribuida a Mercado y Robles, señalados como los presuntos responsables de una trama que dejó autos vendidos sin autorización, contratos firmados sin sustento legal, montos cobrados por fuera de los dueños y un tendal de damnificados.
En la audiencia de este jueves realizada en Tribunales, la jueza Celia Maldonado resolvió una serie de medidas clave: la prohibición de innovar sobre los seis autos, lo que impide cualquier cambio en su estado registral mientras continúe el proceso.
Además, dispuso la inhibición general de bienes de los dos denunciados, Mercado y Robles. La medida fue formalizada para que los registros automotores notifiquen que los vehículos involucrados se encuentran en pleno litigio, evitando así que sean transferidos o modificados de cualquier manera.
Desde Fiscalía explicaron que estas medidas buscan evitar que los rodados sean trasladados, vendidos o ocultados, dado el riesgo de dispersión que representa que varios estén fuera de la provincia.
En esta misma audiencia, y a pedido de la querella, Maldonado ordenó el secuestro de los autos para avanzar con la investigación. Ahora se espera determinar el monto económico que podría corresponder en concepto de eventual devolución o reparación, algo que será definido en una etapa posterior del proceso.