Karen Heredia, la feligresa evangélica imputada por presuntas estafas con carpetas truchas del IPV y por ser directora de un instituto que ofrecía tecnicaturas sin validez oficial, volvió este jueves a quedar en el centro de la escena judicial. En una extensa declaración durante la audiencia, la mujer aseguró que no es autora de ninguna maniobra fraudulenta (a pesar de que aceptó devolver más de 10 millones de pesos a las víctimas para no ser condenada ) y afirmó: “Soy una damnificada más”.
Heredia explicó que comenzó a asistir al templo de Rivadavia el 20 de noviembre de 2024 y que al día siguiente —según su relato— compró una carpeta del IPV a una mujer, quien le pidió transferir el dinero a la cuenta de otra persona. La imputada sostuvo que confió en la operación porque también su familia estaba interesada en acceder a la vivienda propia.
“Yo no soy la estafadora. También fui engañada. En mi domicilio nunca se presentó nadie y jamás recibí dinero en efectivo”, declaró ante el juez, al señalar que fue involucrada a partir de comentarios dentro de la iglesia y por personas que, según dijo, usaron su nombre sin su consentimiento.
Heredia afirmó que durante los allanamientos realizados el 7 de abril en su casa se la vinculó injustamente con otras personas que ella no conoce y aseguró que hubo errores en la interpretación de las líneas telefónicas investigadas. “Nunca estuve en el domicilio de esa persona. No conozco a esa gente”, sostuvo al cuestionar parte del informe fiscal.
También se refirió a la difusión pública del caso y dijo que recién al recuperar la libertad pudo ver en redes sociales que otras personas se presentaban como trabajadoras del IPV y ofrecían carpetas asegurando beneficios en los sorteos. “A partir de ahí aparecieron muchos casos. Esas personas después fueron a mi oficina y yo les explicaba que no tenía nada que ver”, declaró.
Heredia señaló que en causas anteriores no tuvo oportunidad de declarar y que ese fue uno de los motivos por los que —según su visión— terminó asociada a maniobras que no cometió. Aseguró que en febrero intentó desvincularse de las personas que la involucraban, pero que desde la propia comunidad religiosa le pidieron esperar a que “se resolviera todo por el bien de todos”.
“Yo tenía las pruebas, pero no me dejaron avanzar. Hoy puedo decir mi verdad”, concluyó.
Los cuestionamientos sobre el instituto educativo
Además de la causa de las carpetas del IPV, Heredia está imputada por dirigir un instituto privado que ofrecía tecnicaturas sin autorización oficial. Sobre este punto, sostuvo que se trató de “problemas administrativos” y no de una acción fraudulenta.
La investigación continúa en manos del Ministerio Público Fiscal, que analiza documentación, movimientos bancarios y declaraciones de víctimas para determinar el rol real de Heredia tanto en la estafa con carpetas como en las carreras irregulares del instituto que dirigía.
Sobre las dos personas que menciona Heredia, desde la Fiscalía Delitos Informáticos y Estafas aseguraron de que son buscadas, pero creen que están fuera de la provincia.