La feligresa evangélica que quedó en el centro del escándalo por la venta ilegal de carpetas del IPV, caso en el que se investiga un perjuicio superior a seis millones de pesos, volvió a quedar bajo la lupa judicial. Este jueves 20 de noviembre, la mujer fue nuevamente imputada y la Fiscalía sumó nuevos hechos a su expediente, esta vez vinculados a la presunta oferta de carreras truchas en un instituto privado que dirigía en Capital.
De acuerdo con la investigación, la denunciada promocionaba tecnicaturas de tres años, con cursado presencial y pago mensual de cuotas, asegurando falsamente que el instituto contaba con aval del Ministerio de Educación. Los estudiantes abonaban sus cuotas en efectivo, en la sede del establecimiento, o mediante transferencias a las cuentas bancarias personales de la imputada.
La causa comenzó a tomar forma cuando varios alumnos descubrieron que la tecnicatura que cursaban no tenía reconocimiento oficial, que el plan de estudios nunca fue aprobado y que el instituto tampoco figuraba como autorizado para dictar formación terciaria. Desde ese momento, una decena de damnificados presentó denuncias y aportó recibos, libretas, contratos educativos y material fotográfico que dan cuenta de la actividad del establecimiento.
El Ministerio de Educación confirmó que la mujer inició un trámite para habilitar el instituto en 2023, pero nunca presentó la documentación requerida, por lo que el expediente caducó. Aun así, la institución siguió funcionando y sumando inscriptos.
Como antecedente relevante, la imputada ya enfrenta una causa por estafa y fraude relacionada con la venta ilegal de carpetas del Instituto Provincial de la Vivienda, una operatoria en la que habría ofrecido “accesos directos” a viviendas a través de la entrega de formularios adulterados. Ese expediente suma un perjuicio económico que supera los 6 millones de pesos.
Ahora, la acusada deberá responder por estos nuevos hechos, en una causa que combina estafas, engaños educativos y un patrón de presunta captación fraudulenta de víctimas. La Fiscalía continúa recolectando documentación, citando testigos y analizando el material aportado para avanzar hacia la siguiente etapa del proceso penal.